Cuerpos en disputa

Cuerpos en disputa

Los restos mortales de indígenas que se encuentran en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Gambier (IIAM) son reclamados por comunidades warpes. Desde hace más de una década, este pedido genera tensiones entre indígenas, el Instituto y el Museo, la UNSJ y el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia.

Hace casi cinco años el Museo Gambier permanece cerrado al público. La razón: comunidades warpes y diaguitas reclaman la restitución de los restos mortales indígenas que el museo exhibió hasta agosto de 2017. Este pedido comenzó en 2011 y desde entonces ha tejido diferencias y tensiones entre las instituciones que están involucradas: la Universidad Nacional de San Juan, el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia y la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum, que fue la que inició el reclamo y a la cual luego se sumaron apoyos de otras comunidades.

El conflicto todavía no está resuelto. Sin embargo, las autoridades de la UNSJ y líderes de las comunidades warpes siguen trabajando para que los restos mortales dejen de conservarse en el IIAM y tengan enterramiento. 

¿Qué rol juega en esta disputa cada una de las instituciones mencionadas? El Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Prof. Mariano Gambier (IIAM) conservan restos mortales indígenas desde la década de 1960 y depende de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHyA) de la Universidad Nacional de San Juan. Sin embargo, lo que hasta hoy ha sido considerado fuente de estudio no le pertenecería a la universidad, sino que por legislación local sería bien de la provincia. Esta es la lectura que surge a partir de la Ley Provincial 571-F que regula el patrimonio natural y cultural sanjuanino y cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo y Cultura (MTyC). Es por eso que el ministerio también forma parte de esta disputa. 

¿Por qué un pedido de restitución genera conflicto? La concepción sobre los cuerpos indígenas es el primer elemento de tensión. Las comunidades warpes reconocen en los restos mortales que se encuentran en museos y centros de investigación a sus ancestros/as, a quienes quieren devolver al territorio tanto en un sentido físico como en uno simbólico. Mientras, para el ministerio estos son bienes patrimoniales, propiedad del Estado provincial y esta postura es compartida por las autoridades del IIAM. Aunque el instituto y museo forman parte de la UNSJ, su mirada no es la que hoy sostienen oficialmente las autoridades de la universidad.

Las diferencias entre las entidades involucradas son ontológicas, epistemológicas, políticas, culturales e incluso jurídicas. Respecto a este último punto, como ya se dijo, el ministerio se rige por la Ley de Patrimonio provincial, que determina que los restos mortales en cuestión son bienes inmuebles del Estado provincial, y por la Ley Nacional 25.473 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Mientras que la UNSJ, como entidad dependiente de Nación, actualmente toma en cuenta la Ley Nacional 25.517, que es clave para comprender el pedido de restitución. Esta normativa, sancionada en 2001 y reglamentada en 2010, establece que los restos mortales de aborígenes deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen. A partir de esta ley, la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum fundó su primer reclamo, en 2011.

Once años han transcurrido desde el inicio del conflicto que tensa cada día más las posturas y que obliga a todas las partes a revisar sus miradas sobre los pueblos indígenas y el patrimonio del Estado argentino.

El reclamo warpe

El 11 de octubre de 2011, la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum presentó un petitorio a la UNSJ solicitando que cumpliera la Ley 25.517. Esta solicitud fue realizada en público, en un escenario especial: la entrega del Doctorado honoris causa a Osvaldo Bayer, periodista, historiador y escritor, reconocido por su militancia por los derechos humanos y su apoyo a las luchas de los pueblos indígenas en Argentina.

Entrega del petitorio warpe a la UNSJ, en el marco de la entrega del Doctorado honoris causa a Osvaldo Bayer. En la foto están sentados/as Amta Paz Argentina Quiroga, Osvaldo Bayer y Carina Jofré. Detrás se encuentran Ariel Aballay y Ariel Rodríguez. Foto gentileza de la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum.

En su artículo 1, la ley 25.517 establece “los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen”. Además, en su artículo 3, determina que “cualquier emprendimiento científico que tenga como objeto a las comunidades aborígenes debe contar con el consentimiento de estas”. Por último, la reglamentación de la ley específica que su organismo de aplicación es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Todas las provincias fueron invitadas a adherir a la normativa nacional. Sin embargo, al igual que otras, San Juan no lo hizo y hasta hoy se rige por la Ley 571-F que regula el patrimonio natural y cultural local. Por lo tanto hay tensión entre la normativa nacional y la provincial, ambas fueron concebidas desde paradigmas epistemológicos, jurídicos y políticos completamente diferentes.

Volvamos al principio.  En 2011, la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum  pidió a la UNSJ que cumpliera la ley 25.517. La solicitud contemplaba ocho puntos entre los cuales se solicitaba: retirar de exhibición todos los cuerpos que se encontraban en las dependencias de sus institutos y museos, someterse a la realización de un inventario exhaustivo de los cuerpos y restos humanos en su poder, consultar a las comunidades indígenas el desarrollo de cualquier práctica de investigación e iniciar diálogos para que los restos mortales volvieran a sus lugares de enterramiento original. 

¿Qué implicaba todo esto? Que el IIAM, como unidad académica de la universidad, dejara de exhibir los cuerpos indígenas y contribuyera con su restitución. Sin embargo, el Instituto y Museo Gambier argumenta no poder tomar ciertas decisiones sobre los cuerpos. Hasta hoy, los restos son considerados bienes patrimoniales de la provincia y el IIAM solo se ocupa de su tutela.

Si bien la ley 25.517 habilitó en términos legales el reclamo warpe, como el de otras comunidades indígenas en todo el territorio nacional, sus pedidos no nacieron en 2011. Desde la década de 1980, piden por el trato digno de los restos humanos que se encuentran en museos privados y del Estado provincial.

Nadia Gómez y la Dra. Carina Jofré representan a la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum en el reclamo que comenzó en 2011 e impulsaron la creación del Consejo Asesor Indígena. Ellas explican que al encontrarse en el Museo Gambier sus “ancestros/as (…)  están, más que presos, “desaparecidos/as”, porque se nos impide relacionarnos con ellos y ellas, su subjetividad y la nuestra ha sido negada, imposibilitada, bloqueada (…) Trato ingrato por el cual se niega hasta nuestra condición humana incluso después de la muerte”. Así lo expresan en “El regreso de nuestros/as ancestros/as al territorio: Reflexiones sobre los archivos de la demanda warpe desde la mirada de sus protagonistas”, capítulo del libro Cartografía de conflictos en territorios indígenas del Cuyum , recientemente publicado por la Editorial de la UNSJ.  Además de integrar la comunidad demandante, Nadia es representante del pueblo warpe en el Consejo de Participación Indígena (CPI) y coordina la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de San Juan. Carina es Lic. en Arqueología, Doctora en Ciencias Humanas e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Constitución del Consejo Asesor Indígena, en 2019. Sentadas, justo en el medio, se encuentran Nadia Gómez y Carina Jofré, integrantes del consejo y representantes de la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum. Foto gentileza de la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum.

San Juan no es la única provincia en la que hay pedidos de restitución. Incluso desde antes de la sanción de la Ley 25.517, varias familias y comunidades indígenas han reclamado a distintas instituciones el regreso de sus parientes y ancestros/as. Como resultado, diferentes museos del país, tal como el de Ciencias Naturales de La Plata, adoptaron una política a favor de la restitución de restos mortales indígenas, abriendo canales específicos para atender estos pedidos. Además, luego de la reglamentación de la Ley 25.517, el  INAI creó un área específica de Reafirmación de Derechos Indígenas desde donde acompañan estos reclamos realizados por pueblos y comunidades indígenas.

En otras provincias, como en La Pampa, las políticas patrimoniales sobre el cuerpo indígena permitieron iniciar procesos de reentierro en lugares cedidos para ese fin. En Santa Cruz se concretó, entre otros, el reentierro de Sam Slick, uno de los hijos del cacique tehuelche Casimiro Biguá, cuyo esqueleto exhumado a fines del siglo XIX integró las colecciones del Museo de La Plata hasta 2018. En Salta las comunidades indígenas reclaman la restitución de los Niños del Llullaillaco, actualmente exhibidos en el Museo Arqueológico de Alta Montaña (MAAM).

La respuesta del Instituto y Museo Gambier y del Ministerio de Turismo y Cultura

A partir de 2011, el petitorio warpe comenzó un intenso y sinuoso periplo. En primer lugar, el expediente iniciado en el Consejo Superior de la UNSJ por la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum fue enviado a la Dirección General de Asuntos Legales de la UNSJ. Esta unidad planteó que el reclamo era legítimo teniendo en cuenta el marco jurídico vigente en el país.

En 2012, por derivación de una comisión de investigación y creación del Consejo Superior, el expediente llegó a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHyA), entonces conducida por el Dr. Paolo Landini, para que emitiera su postura. Esta unidad académica dio pase directo al Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Prof. Mariano Gambier, que en ese momento estaba a cargo de la Dra. Teresa Michieli.

Nadia Gómez y Carina Jofré cuentan que Michieli desestimó la presentación indígena argumentando que: 1) San Juan no había adherido a la Ley 25.517; 2) que a pesar de lo primero es necesario definir qué son los “pueblos indígenas y comunidades de pertenencia” y 3)- que los bienes arqueológicos, incluidos los restos humanos, son bienes del Estado. Esta postura es la que sigue sosteniendo actualmente el instituto y museo, ahora conducido por la Mag. Claudia Mallea.

Mallea explica que los restos que alberga el IIAM “no son necesariamente antepasados de la comunidad huarpe. ¿Cuándo uno es un antepasado? cuando proviene de ese origen. En este caso hubo mestizaje con otras poblaciones originarias, extrapoladas por la conquista, y también existió mestizaje con los españoles, todo ello comprobado documentalmente. Además, en la prehistoria de San Juan hay otras culturas prehistóricas: Morrillos, Ansilta, Punta del Barro, Aguada, Calingasta y Angualasto, cada una con características culturales diferentes e identificables”.

Respecto al pedido de restitución, la directora del instituto y del museo explica que tratan de mantenerse al margen porque son “por legislación, el resguardo arqueológico de la Provincia y las decisiones las toma el gobierno”. A pesar de que no pueden decidir sobre el destino de los cuerpos, Mallea expresa la postura del IIAM: “no estamos de acuerdo porque no nos parece que se prive a la comunidad del conocimiento y estudio de su pasado”. Respecto a las restituciones, Mallea afirma que“hay alguno que otro antecedente aquí en Argentina, pero porque se ha comprobado la filiación genética de los reclamantes”.    

Claudia Mallea, directora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Prof. Mariano Gambier.

Luego de que Michieli compartiera su postura contraria a la restitución, el petitorio salió de la universidad y fue enviado a la Secretaría de Cultura de la provincia, en ese momento a cargo de Zulma Invernizzi. La Asesoría Letrada del Ministerio de Turismo y Cultura ratificó la mirada del Instituto y Museo Gambier y fundamentó su postura en las legislaciones nacionales y provinciales sobre patrimonio.

Aunque hasta hoy el IIAM mantiene un vínculo con los bienes arqueológicos de la provincia desde el rol de la tutela, la vicerrectora de la UNSJ, Dra. Analía Ponce, afirma que es necesario poner en revisión los convenios que dieron origen a esta relación con el Estado provincial. “Esos acuerdos fueron firmados en una época tan pretérita que no hay rastros de que existan. Si bien entiendo a las autoridades del instituto y del museo, que están ni más ni menos que siguiendo la línea de trabajo de investigación de los anteriores directores, creo que hay que actualizar esta relación entre instituto, museo, la UNSJ y la provincia. El Instituto Mariano Gambier y su museo se originaron en un escenario muy diferente al actual”. Efectivamente, el IIAM es incluso anterior a la UNSJ, nació en 1965 en el seno de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento.

En relación con la necesidad de actualización, Ponce explica “hay leyes y situaciones nuevas, teóricas también, que tienen que ver con los derechos de aquellos sujetos que están involucrados en los procesos de investigación. Durante estas décadas hubo, en el mundo entero, procesos de reetnización. Todo eso está documentado, estudiado, teorizado y hay acuerdos internacionales al respecto. “No podemos estar adheridos dogmáticamente a una legislación cuyo consenso social y científico han perdido vigencia”.

Analía Ponce, vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan

Las intervenciones nacionales por la falta de respuestas a nivel local

En 2013 ya estaban más claras las posturas de todos los actores involucrados. La UNSJ no se expedía abiertamente a favor del reclamo indígena, pero su Dirección General de Asuntos Legales había declarado la legitimidad del reclamo warpe. Mientras que el Instituto y Museo Gambier y el Ministerio de Turismo y Cultura se pronunciaron en contra de la solicitud, defendiendo la propiedad del Estado provincial sobre los cuerpos indígenas.

En este contexto, sucedieron tres hechos importantes. Primero, en el mismo 2013 intervino la Defensoría del Pueblo de la Nación, que le pidió al nuevo rector, Oscar Nasisi, información sobre los avances del caso. Un año después, Nasisi respondió que la universidad había comenzado la etapa final de la evaluación del pedido de restitución y que se comprometía a cumplir en breve el acto administrativo que correspondiera. Segundo, en 2014, la Cámara de Diputados de la Provincia modificó la ley de Patrimonio Provincial, sin contemplar las novedades legislativas en materia de derechos humanos indígenas. Tercero, el expediente iniciado a partir del petitorio warpe se extravió. Pasó de la Secretaría de Cultura al despacho de la decana de la FFHyA, Mag. Rosa Garbarino y se perdió su rastro.

Para obtener respuestas de parte de la UNSJ, que hasta entonces dilataba el tratamiento del pedido de restitución, la Defensoría del Pueblo de la Nación volvió a intervenir y, en consecuencia, también comenzó a tomar parte el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Los resultados de las acciones de estos organismos nacionales comenzaron a visibilizarse en 2016, cuando Nasisi solicitó a Asuntos Legales un nuevo dictamen sobre el caso.

El Mag. José Luis Miolano, director de Asuntos Legales de la universidad, dictaminó: “no comparto las conclusiones a que arriba en dicho informe respecto a la ‘no obligatoriedad’ de la aplicación de la Ley Nº 25.517 en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan (…) no es la legislación provincial quien rige a las universidades nacionales, sino la legislación nacional”. Además, sobre las tensiones entre las normativas nacionales y provinciales afirmó que “se debe buscar la armonía y concordancia entre las diversas normas, no su contradicción y antítesis”.

Nadia Gómez y Carina Jofré comparten que esta fue “la primera demostración de interés honesto en las características complejas de un tema que, hasta antes del año 2011, no había estado jamás en el ámbito de las discusiones de la UNSJ”.

Avances y retrocesos

El dictamen de Miolano abrió nuevas posibilidades al petitorio warpe. En agosto de 2017, por primera vez, el Consejo Superior de la UNSJ sesionó con la participación  de la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum. Fue luego de esta sesión que el máximo organismo de la universidad determinó la creación de una Comisión Especial Ad hoc para tratar la restitución de los restos indígenas. Al mismo tiempo, la UNSJ ordenó el retiro de exhibición de los cuerpos que se encontraban en el IIAM. Poco después el Museo Gambier dejó de atender al público, aunque las razones expuestas públicamente han tendido a apuntar a problemas edilicios.

Participación de la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum en la sesión del Consejo Superior de la UNSJ, en agosto de 2017. En la fotografía están sentadas: Carina Jofré, Amta Paz Argentina Quiroga y Nadia Gómez. Parada se encuentra Gladys Balmaceda. Foto gentileza de la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum.

El reclamo estaba finalmente en movimiento, activando adhesiones y resistencias en las diferentes unidades de la UNSJ y en el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia.En 2017, la Defensoría del Pueblo de la Nación volvió a pronunciarse sobre el asunto, una vez más recomendando la restitución de los cuerpos a las comunidades indígenas. Ese mismo año, la directora del IIAM, Teresa Michieli, se jubiló y en su lugar asumió Claudia Mallea. Y en 2018 se concretó otro encuentro trascendental. El INAI envió a la provincia un representante. Esta visita dio pie a una reunión entre todas las partes: comunidades warpes, asesorías letradas de la UNSJ y del Ministerio de Turismo y Cultura, autoridades del IIAM y de la FFHyA.

Sin embargo, las esperanzas de restitución naufragaron pronto. Nadia Gómez y Carina Jofré comparten que luego del mencionado encuentro “los representantes warpes del Consejo de Participación Indígena del INAI, Nadia Gómez y Franco Gil, fueron convocados al despacho de la Directora de Patrimonio Provincial, Arquitecta Andrea Blanco. La reunión estuvo acompañada por la Decana de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes, Rosa Garbarino”. Allí les manifestaron la postura del Gambier y de la provincia de no restituir los cuerpos. “Argumentaron que la FFHyA y sus dependencias tienen “autarquía” de decisión dentro de la universidad y por lo tanto no están (…) obligadas a acatar las resoluciones del Consejo Superior de la UNSJ. También insinuaron que el reclamo warpe liderado por la Comunidad del Territorio del Cuyum no era (…) representativo de la voluntad de las demás Comunidades Warpes en San Juan”.

La comunicación que realizó la UNSJ a través de Facebook cuando el Museo Gambier cerró sus puertas, en 2017.

Como expresa el dicho: una de cal y otra de arena.  En 2019 también hubo sucesos claves: una nueva pronunciación de la Defensoría del Pueblo, esta vez destinada al Ministerio de Turismo y Cultura; una nota intimidatoria hacia el Consejo Superior de parte del entonces Secretario de Cultura, Mario Zaguirre y, la más trascendental: la creación del Consejo Asesor Indígena por la Ordenanza 10/19-CS, para que asesore a la UNSJ en el reclamo por la restitución de los restos, entre otros asuntos.

Las tensiones que persisten

Hasta hoy, el IIAM y el Ministerio de Turismo y Cultura consideran que los cuerpos indígenas le pertenecen a la provincia y que los/as sanjuaninos/as tienen derecho a conocer su pasado, especialmente teniendo en cuenta la Ley 571-F. Además de esta concepción, las actuales y anteriores autoridades del IIAM entienden que los restos que hoy tutelan no son warpes.  “Eso es algo que a la comunidad se lo hemos dicho de mil formas. No hay restos huarpes” explica la directora del IIAM, Mag. Claudia Mallea. “Los huarpes habrán estado desde el 1400 en adelante. Pero lo que tenemos son comunidades anteriores, diferentes en fisonomía, en características culturales, evidenciado a través de la cerámica, del tejido. Nunca hemos exhibido restos huarpes”.

Mientras que para los/as warpes, exponen Gómez y Jofré, “volver sobre la discusión de si los/as cuerpos/as indígenas muertos son del Estado Provincial y/o Nacional es un acto, tanto de injusticia, como de abierto racismo, y por añadidura representa también una falta frente al orden jurídico vigente en este país”. Afirman también: “el derecho a las autopercepciones de nuestras identidades warpes no se circunscribe a la autodeterminación, (…) comprende, además, el derecho a relacionarnos con nuestros/as ancestros y ancestras presos/as en cajas y vitrinas de museos”.

Gómez y Jofré también responden al argumento de que los restos mortales indígenas son importantes para la investigación. “¿Cuál es la utilidad pública de los restos mortales indígenas? ¿Cuál es su aporte relevante para el desarrollo cultural de la provincia de San Juan? La pregunta apunta necesariamente a las visiones cosificantes y utilitaristas, incluso, contrarias a la doctrina constitucional argentina y, en particular, a los derechos humanos o derechos especiales vigentes”.

La mirada warpe es apoyada por las autoridades de la UNSJ. Actualmente, describe la vicerrectora de la UNSJ, Analía Ponce, la postura de la institución  “es coherente con la Ley 25.517 que prevé, entre otras cosas, la restitución de los cuerpos ancestrales. No solo tiene que ver con la restitución sino con posicionarse en un paradigma de la investigación que está descrito en publicaciones internacionales. La ética de la investigación es un tópico prioritario, se debe tener un especial cuidado con los procesos de investigación, con cómo se organizan, cómo se dirigen y qué se hace con los resultados”.

Ponce explica que las acciones de la UNSJ están destinadas a lograr el cumplimiento de la Ley 25.517. “En ese proceso estamos empeñados. Aunque nuestro posicionamiento no tiene adhesión del cien por cien de todos los agentes universitarios, ni tiene una adhesión al cien por cien de todos los agentes vinculados al gobierno provincial”.

La pandemia, el fallecimiento de la exvicerrectora, Mónica Coca, y el proceso eleccionario de la UNSJ hicieron que el reclamo de la comunidad warpe quedara prácticamente en suspenso durante más de un año. Sin embargo, desde fines de 2021, las autoridades de la UNSJ han tenido algunas reuniones claves para avanzar en el proceso de restitución. En los últimos meses tuvieron encuentros con las comunidades indígenas, con las autoridades de la FFHyA y con la ministra de Turismo y Cultura, Lic. Claudia Grynszpan.

En la reunión con Grynszpan participaron el rector de la UNSJ, Mag. Tadeo Berenguer; la vicerrectora, Dra. Analía Ponce; el secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Ing. Eric Laciar Leber; la secretaria de Extensión; Dra. Laura Garcés y la secretaria Académica, Mag. Rosa Ferrer. En esa oportunidad, comparte la vicerrectora de la UNSJ, “estuvimos unas cuantas horas conversando con ella. Logramos acordar verbalmente su respaldo al ingreso al Instituto de Investigaciones Mariano Gambier de la universidad acompañada por los pueblos originarios, a los efectos de poder hacer una visita ocular y que ese sea el precedente para un inventario”.

Luego de dialogar con la ministra de Turismo y Cultura, las autoridades la UNSJ y la FHHyA se reunieron con la directora del IIAM. “La posición de su directora es adversa a la restitución de los cuerpos ancestrales. Y creemos que necesita, según lo que ella argumenta, una autorización de Patrimonio de la provincia, que depende del Ministerio de Turismo y Cultura. Pero nosotros ya tenemos la autorización verbal de la ministra. Así que entendemos que el próximo paso sería una inspección ocular del estado de esos restos en el Museo Gambier”. 

Finalmente, el 28 de mayo el Consejo Asesor Indígena volvió a reunirse por primera vez de manera presencial desde que comenzó la pandemia. Sesionó en Valle Fértil con la presencia de comunidades warpes y diaguitas de todos los puntos del territorio provincial y fue presidido por la vicerrectora y la secretaria de Extensión de la UNSJ. En esa oportunidad, las autoridades de la UNSJ compartieron el estado del pedido de restitución y acordaron volver a reunirse en agosto de este año, crearon comisiones de trabajo para avanzar en algunos temas tratados, entre ellos en la creación de un protocolo de aplicación de la Ley 25517 de restituciones de cuerpos humanos a comunidades indígenas en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan. 

Seguramente muchos/as de nosotros/as visitamos alguna vez el Museo Gambier u otros lugares similares en los que los cuerpos humanos han sido exhibidos a lo largo de décadas. Era una situación que asumíamos como natural, propia de la ciencia, y como una oportunidad de conocer nuestro pasado. Sin embargo, así como sucede con nuestras concepciones sobre muchos otros ámbitos, los paradigmas cambian. La mirada que hubo en algún momento sobre poseer el cuerpo indígena está en transformación.

Osvaldo Bayer citó en una nota para Página 12 una carta de Perito Moreno a su padre que representa con mucha claridad la perspectiva que durante mucho tiempo tuvimos sobre los restos mortales indígenas. “Querido viejo: hoy remito por diligencia un cajón que harás recoger lo más pronto posible pues el agente de ella no sabe la clase de mercancías que envío. Creo que no pasará mucho tiempo sin que consiga los huesos de toda la familia Catriel. Ya tengo el cráneo del célebre Cipriano y el esqueleto completo de su mujer, y ahora parece que el hermano menor no vivirá mucho tiempo, pues ha sido el jefe de la actual sublevación, habiéndose rendido anteayer. La cabeza de Catriel sigue conmigo, hace un rato que la revisé pero, aunque la he limpiado un poco, sigue siempre con mal olor. Me acompañará al Tandil porque no quiero separarme de esta joya, la que me es bastante envidiada”.

¿Qué mirada podemos o deberíamos construir hoy sobre los cuerpos indígenas? Mucho de lo que consideramos natural o normal lo es hasta que nos preguntamos por los derechos humanos. ¿Qué derechos de los pueblos indígenas están en juego cuando se trata de sus restos mortales? Bayer, Doctor honoris causa por la UNSJ, sugería que siempre debería triunfar la ética en la revisión de la historia y por supuesto en el presente. ¿Qué implicaría imprimirle a este conflicto una mirada ética?

Bibliografía y webgrafía

Bayer, O. (2003, 11 de octubre). Los indios son anarquistas. Página 12. https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-26560-2003-10-11.html

Bayer, O. (2012, 24 de noviembre) Finalmente, triunfa la ética. Página 12 https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-208467-2012-11-24.html

Cámara de Diputados de San Juan. (2014, 19 de noviembre). Ley Provincial 571-F https://digestosanjuan.gob.ar/digesto/detalle_ley/be13de8a-e4d4-4bff-9ac4-7fd75445e74b

Congreso de la Nación Argentina. (2001, 21 de noviembre). Ley 25.517 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70944/norma.htm

Congreso de la Nación Argentina. (2003, 4 de junio). Ley 25.743 Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.

Consejo Superior de la UNSJ. (2019, 30 de agosto).  Ordenanza 010/19-CS http://www.digesto.unsj.edu.ar/admin/digesto_admin/pdf/ORD10O-1912092.pdf

Gómez, N. y Jofré, C. (2022). El regreso de nuestros/as ancestros/as al territorio. Reflexiones sobre los archivos de la demanda warpe desde la mirada de sus protagonistas en Cartografía de conflictos en territorios indígenas del Cuyum (Región de Cuyo, Argentina). Editorial UNSJ. pp. 451 a

Universidad Nacional de San Juan. (2004, 9 de octubre) El Museo es la ventana de la investigación. Revista la Universidad. Número 9. http://www.revista.unsj.edu.ar/revista9/museo.htm

Universidad Nacional de San Juan (2011, 28 de noviembre) La UNSJ entregó el Doctorado Honoris Causa a Osvaldo Bayer. http://www.unsj.edu.ar/home/noticias_detalles/399/2

La imagen destacada de esta nota es una obra de la artista sanjuanina Mercedes Yacante. La misma forma parte de un mural que se encuentra en el cruce de las calles España y Rivadavia. Ver el mural.

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