El periodismo a la intemperie
*Imagen destacada: fotografía de presidencia
En los últimos días, el Congreso Nacional debatió el proyecto de ley de Modernización Laboral. La normativa propuesta reconfigura el esquema de relaciones laborales en todo el país, con una clara tendencia al beneficio del empleador en detrimento de los derechos de los trabajadores. Las indemnizaciones se recortan, se restringe el derecho a huelga en educación e incluso la primera versión –aprobada por el Senado–, contemplaba la reducción salarial de trabajadores con licencia por enfermedad. La reforma también deroga una extensa lista de estatutos que regulan diferentes tipos de actividad profesional, incluyendo uno fundamental para la vida en democracia: el Estatuto del Periodista Profesional.
El Estatuto del Periodista Profesional (Ley N° 12.908) define el marco legal que fija las condiciones de trabajo de quienes realizan tareas periodísticas de forma regular y remunerada en medios de comunicación o agencias de noticias. El proyecto de ley también deroga el Decreto Ley 13.839/46, Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, eliminando la regulación especial para el personal no periodístico de las empresas del sector.
El Estatuto establece los pisos mínimos para el ejercicio de la profesión en Argentina garantizando, entre otras cosas, el derecho al libre tránsito en la vía pública ante acontecimientos excepcionales y el acceso libre a fuentes de información de interés público y dependencias del Estado. En la práctica, derogar el estatuto significa que a partir del 1° de enero de 2027 la relación laboral de los trabajadores en medios de comunicación pasará a regirse principalmente por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), perdiendo la especificidad y garantías que otorgaba el Estatuto.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su profunda preocupación y apeló a criterios constitucionales y jurisprudenciales para respaldar el rechazo a la derogación del Estatuto. En primer lugar, invocó el principio de progresividad en materia de derechos fundamentales, reafirmado por la Corte Suprema en la causa “Milone”, que prohíbe al legislador adoptar medidas regresivas injustificadas. La eliminación del Estatuto implicaría, en este sentido, un retroceso en la protección de las condiciones de trabajo de los periodistas y, por extensión, en el resguardo de la libertad de expresión. Asimismo, FOPEA destacó que el Estatuto no constituye únicamente una norma laboral, sino que contiene garantías directamente vinculadas a la libertad de expresión y al acceso a la información. Recordó que en la causa “Monzón, Florencio” (1995) la Corte Suprema habilitó el acceso de un periodista a un expediente judicial archivado con fundamento en el Estatuto, reconociendo su centralidad para el ejercicio profesional.
También fueron enfáticos en una distinción crucial: defender la vigencia del Estatuto no implica desconocer sus anacronismos. La organización entiende que la Ley 12.908 contiene capítulos que resultan arcaicos para el ejercicio de la profesión en un ecosistema mediático dominado por las nuevas tecnologías y dinámicas digitales. Sin embargo, la obsolescencia de tales artículos no valida la derogación de la norma. “La solución no es el vacío legal, sino el debate parlamentario serio y participativo para una reforma que modernice la ley, adaptándola al siglo XXI, pero conservando el espíritu de protección y de estabilidad profesional. Eliminar la ley por sus defectos de antigüedad es dejar a la profesión a la intemperie”, concluyen desde FOPEA.
“La situación de los periodistas en San Juan es igual a la de todos los trabajadores de prensa en el país; el 70 por ciento de quienes ejercemos la profesión tenemos salarios de pobreza o pluriempleo para poder vivir”, señaló Myriam Pérez, periodista y secretaria general de la Asociación de Trabajadores de Prensa y Comunicación de San Juan (ATPREC). La cifra encuentra su respaldo en relevamientos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que denuncian el acelerado deterioro de las condiciones laborales de los periodistas durante el gobierno de Milei. Con respecto a la derogación del Estatuto, Pérez señaló la necesidad de un régimen particular “debido a la especificidad de nuestra profesión y el rol de la libertad de expresión y el derecho a la información para la democracia”.
La derogación entraría en vigencia el 1° de enero de 2027, un año especialmente sensible a cualquier tipo de afrenta a los derechos de libertad de expresión y libre circulación de la información: en octubre celebramos una nueva edición de comicios nacionales para renovar los representantes del Poder Ejecutivo de la Nación, provincias y municipios. Desmantelar el marco normativo que ampara a los trabajadores de prensa amplía el margen para condicionamientos económicos, disciplinamientos indirectos y restricciones en la cobertura de actos de gobierno y campañas, afectando la igualdad en la contienda y la transparencia del proceso.
“[La derogación] no tiene que ver con un tema laboral, tiene que ver con el disciplinamiento de lo que dicen los periodistas. Cuando les saquen ese paraguas protector que les da el Estatuto se van a autocensurar, y es esto lo que están persiguiendo”, declaró Mónica Frade, diputada bonaerense de Coalición Cívica, durante la sesión de este jueves. El asunto fue retomado en el discurso de varios legisladores que señalaron con preocupación las posibles motivaciones detrás de su inclusión en el artículo. “Este Estatuto no protege al periodista del libre mercado, no va contra la competencia. ¿Saben de qué lo protege? Del poder de turno. Permite que hable sin que se lo silencie”, sostuvo la diputada bonaerense Marcela Pagano. “Lo que se va a votar artículo por artículo acá va en contra de lo que le prometimos a los votantes en 2023, lo que hicimos y prometimos para que Milei llegue a ser presidente”, denunció Pagano, exaliada del oficialismo.
La decisión no es aislada. Desde que asumió la presidencia en 2023 –incluso antes–, Javier Milei ha agraviado sistemáticamente el ejercicio de la profesión periodística. A la violencia simbólica de consignas aleccionadoras como “no odiamos lo suficiente a los periodistas” se sumaron episodios de violencia económica, con la eliminación total de la pauta oficial; física, con la agresión al fotoreportero Pablo Grillo durante las protestas de jubilados frente al Congreso; e incluso digital, con la participación activa del presidente en la campaña de acoso en redes sociales a la periodista opositora Julia Mengolini.
En 2024, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA (Organización de los Estados Americanos) advirtió sobre un “deterioro acelerado” de la libertad de expresión en Argentina durante el primer año de gestión de Javier Milei, vinculado al aumento de agresiones contra periodistas, restricciones en la cobertura de protestas sociales, limitaciones al acceso a la información pública y obstáculos al funcionamiento de los medios públicos. Esta situación le valió al gobierno una citación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado noviembre, donde debieron dar declaraciones sobre la complicada relación del ejecutivo nacional con el periodismo. Podemos afirmar sin temor a exagerar que la libertad de expresión en el país se ha convertido en estos últimos años en un campo de batalla que el nuevo orden político pretende redefinir en detrimento del pluralismo.
Quizás lo más importante del Estatuto, sin embargo, es reconoce la labor periodística como un tipo de trabajo diferente a otros. El rol del periodista en la difusión y curaduría de información reviste un carácter de interés general para la comunidad, a la par que contribuye significativamente a la preservación del sistema democrático. En un año electoral con elevada polarización política como será 2027, el trabajo de selección, jerarquización y explicación de hechos de interés público –en especial aquellos desfavorables para el oficialismo– que realiza el periodismo permite a la ciudadanía debatir y votar de manera informada.
“Desde la universidad pública, gratuita y laica, las carreras que formamos a profesionales en el ámbito de la Comunicación, tenemos una enorme preocupación no solo por las condiciones en las que los egresados deben y deberán realizar su trabajo sino por la normalización de valores antidemocráticos”, señala Graciela Marcet, directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. “El perjuicio no solo es hacia sus condiciones materiales sino también hacia el ecosistema mediático que incluye a los medios alternativos y comunitarios, los que brindan otras perspectivas de desarrollo y otras miradas de lo social”, explica.
Los límites a la libre expresión de la pluralidad de voces erosionan la libertad ciudadana en un sentido amplio; ¿quién puede ser libre cuando lo único que conoce es lo que otros –unos pocos– decidieron que puede conocer? Después de los trabajadores, la segunda gran perdedora de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral es la calidad democrática en Argentina.
