La Ley de Tierras en peligro: La Argentina con moño

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, decía el mensaje con el que el gobierno de Javier Milei difundió el DNU que prohíbe la entrada al país y habilita la expulsión de extranjeros que “emitan expresiones de odio” en contra de los argentinos. La medida surgió en medio de la polémica por la campaña antiargentina que se suscitó en las últimas semanas en el contexto del Mundial de Fútbol. 

Para cualquier desprevenido, la rienda corta para todo el que se atreva a subirse al tren de acusaciones de racismo a nuestro país, podría hacer pensar que el nacionalismo que promueve el gobierno nacional es un signo de una defensa a la Argentina en bloque. Pues no, my darling. Todo lo que no entre en hacerse el picante contra los que tuitean contra el país por este tema puntual, resulta “patrioterismo barato” o “actos impertinentes”, como llamó el mismo presidente al memorable gesto que tuvo la Selección de levantar la bandera que rezaba “Las Malvinas son argentinas”, tras la victoria contra Inglaterra en semifinales. Una verdad que bastó para irritar al primer ministro británico al mismo nivel que al presidente argentino.  

Justo un día después de que esa imagen recorriera todas las redes, el Congreso iba a tratar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocida como Ley de Extranjerización de Tierras. Creer o reventar: el revuelo que había armado la bandera fue señalado como uno de los factores que contribuyó a que la sesión se levantara debido a la falta de acuerdos suficientes para garantizar la aprobación de la ley. De esa forma, el bloque de la Libertad Avanza pidió continuar la discusión este 6 de agosto. 

La reivindicación sobre Malvinas también estuvo vinculada a sostener la Ley de Tierras en otra oportunidad. En 2023, la normativa corrió peligro a través del DNU 70/2023, que entre otras cosas pretendía derogar esta legislación. Fue el Centro de Veteranos de Malvinas de La Plata el que presentó un amparo judicial y tras una larga lucha, logró la declaración de inconstitucionalidad del artículo que pretendía derogar la ley. 

“Las Malvinas son argentinas, el resto del territorio también” dicen hoy los miles de flyers que circulan por las redes, dándole un nuevo alcance al mensaje que inmortalizó la icónica bandera. Como si el respaldo de la Selección a una causa que en los últimos años fue negada por el propio gobierno, hubiera bastado para prender la chispa y despertar la conciencia de miles de argentinos sobre el valor de nuestras tierras. 

Ante lo que podría pasar este 6 de agosto, ya no solo nos duelen las islas sino también las otras joyas que podríamos perder. Y esta vez, no haría falta una usurpación ni una guerra para arrancárnoslas. Si el Congreso aprueba la ley, la Argentina entregaría sus recursos más preciados con moño y en bandeja. De manera engañosa, la Ley de Inviolabilidad Privada se presenta como una normativa destinada a remover “restricciones consideradas excesivas e ilegítimas” y especialmente a “generar un contexto favorable a las inversiones”. 

Serían “términos inigualables” para esos compradores, según dice el gobierno. Eso sí que es verdad. Serían realmente inigualables porque muy pocos países tienen una legislación tan entreguista con respecto a sus recursos más valiosos. Sin ir más lejos, nuestros vecinos de Brasil ponen un límite del 25% en cada municipio para la propiedad extranjera y una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie. Uruguay, por su parte, obliga a identificar a los accionistas de las sociedades propietarias y a transparentar la composición de las empresas. 

Ni topes para la extranjerización ni controles para los propietarios sería la cara del “cambio y el progreso” en la Argentina. La reforma que impulsa el gobierno no solamente eliminaría el límite del 15% que hoy establece la Ley de Tierras a nivel provincial y nacional, sino que también quitaría las restricciones que hoy impiden la proliferación de testaferros y sociedades offshore. La reforma de la Ley de Sociedades permitiría que la compra de tierras esté en manos de un paraíso fiscal o un agente de Inteligencia Artificial.  

Chau transparencia, chau trazabilidad y, como si eso fuera poco, blindaje futuro a los compradores, debido a que el Súper RIGI brinda estabilidad normativa por 30 años y elimina el poder de policía del Estado sobre el territorio. 

“¿Para qué tener una tierra “inerte” sino se le puede sacar provecho?” preguntan los libertarios que defienden el proyecto a capa y espada. “¿De qué sirven nuestras grandes extensiones de territorio sino las usamos para acabar con el hambre y la pobreza, atrayendo inversiones?”. Hecha la ley, hecha la trampa. Nunca mejor dicho. Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, seguramente lleguen al país importantes inversores. El problema es qué tipo de capitales atraeríamos, en qué cosas invertirían y si eso realmente serviría para terminar con el hambre y la pobreza. Por qué no entonces pensar un poco mejor en cuáles serían las consecuencias de promover la venta sin condiciones. 

Para empezar, quienes hoy tienen los ojos puestos en la Patagonia son los magnates de la Inteligencia Artificial como Peter Thiel, quien ofrece servicios para la CIA y el cuestionado Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que tiene un accionar reñido con los principios de la democracia. Para nuestro país, no solo implicaría entregar tierras sino las fuentes de agua, el recurso que hoy buscan los centros de datos para hacer funcionar la maquinaria de la IA. La nueva ley permitiría acceder a tierras clave con acceso a ríos y lagos fundamentales para el suministro básico de las comunidades, que en muchos casos también serían desplazadas de su lugar de origen. 

“Los multimillonarios del mundo que quieran huir de países regulados, con mayores impuestos y Estados que persiguen a sus ciudadanos, son bienvenidos en la Argentina, la nueva tierra de la libertad” había señalado Adorni hace poco. ¿Será que somos los únicos “vivos” del mundo? ¿Que todos los demás países están llenos de tontos que nunca pensaron cuál podía ser la fórmula del éxito? ¿Será que regulan por joder? ¿O será tal vez que no quieran perder soberanía? Ante el poder de la evidencia, pretender que el gobierno argentino ejerza y defienda nuestra soberanía parece pedirle peras al olmo. Porque un principio que es básico para los países más avanzados, como motor de crecimiento y señal de identidad, resulta un concepto incompatible con la lógica libertaria de negar la importancia de administrar los propios recursos y propiciar la venta de todo al peor postor. 

A cambio de espejitos de colores, dejaríamos en manos extranjeras -y desconocidas- lo que hoy nos enorgullece y nos sustenta como país. Más aún, se abriría una puerta para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal foránea, debido a que esta estaría prohibida, salvo que cuenten con la autorización de la provincia o el Ejecutivo Nacional. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué pasaría entonces si el gobierno nacional decidiera aprobar la compra de grandes extensiones por parte de Estados Unidos, Inglaterra o Israel? ¿Cómo enfrentaríamos una eventual balcanización, es decir una fragmentación en partes posiblemente enfrentadas? 

Las primeras perjudicadas serían además las comunidades indígenas y familias campesinas, que sufrirían una ola de desalojos sin garantías, como lo advierte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esta organización es una de las tantas que señala que la reforma también tendría un grave impacto ambiental, al debilitar la protección sobre las tierras incendiadas. 

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde” parece ser una de las lecciones que nos dejó Malvinas. Salvo Milei y su gobierno, la mayoría de los argentinos/as nos emocionamos con la bandera de la Selección porque no olvidamos que esas islas son nuestras y no hay norma de la FIFA o de cualquier tribunal que pueda silenciarnos esa verdad. Hoy, no solo tenemos la oportunidad histórica de conocer el valor real del resto de nuestro territorio, antes de que sea demasiado tarde. También tenemos la urgencia de defenderlo antes de habitar una tierra desmembrada, sin un proyecto común, gobernada por algoritmos y arrasada climáticamente por los intereses de las grandes empresas. 

Esta vez, nuestro país es el laboratorio perfecto para el experimento de las élites tecnológicas, amparadas por los gobiernos de ultraderecha, que quieren desembarcar en estas tierras para marcar el rumbo de un mundo cada vez más desconectado de los pueblos y más entregado al servicio de las corporaciones. Sin embargo, la Argentina ha sido también punta de lanza en muchas de las luchas sociales, políticas y ambientales que marcaron grandes avances para América Latina. Por eso, aunque el cansancio nos ponga a prueba, es momento de demostrar que no solo queremos a las islas del Atlántico Sur cuando toca pintarse de celeste y blanco en un partido. 

Es tiempo de dar batalla a la verdadera campaña antiargentina, que es la que nace desde adentro y pone en peligro lo que nos alimenta, nos cobija y nos define. Es momento de salir a las calles y gritar que no estamos ausentes ni vencidos. Porque de este a oeste y de sur a norte, nuestro territorio está lleno de perlas. Y como dijo el presidente, no daremos la bienvenida a quienes quieran atacar a nuestro país, vengan de donde vengan y se pongan la máscara que se pongan.