Derecho a la plaza: el desafío de ocupar el espacio público

Nada más llegar, quisieron echarlos. ¿La causa? Disturbios. No la concepción del diccionario, la de la alteración, turbación de la paz y concordia, sino la del Código de Faltas de nuestra provincia. Los disturbios que te pueden dejar adentro hasta treinta días por, entre otras cosas, “organizar desfiles, manifestaciones o reuniones públicas multitudinarias al aire libre o en local cerrado, sin dar aviso a la autoridad policial” (art. 113.d¹) . ¿El peligro? Un gazebo que habían puesto para que no les diera el sol, que pronto desmontaron.

“Es lo de siempre”, me confesaron entre risas los artistas callejeros que se encontraban congregados en la Plaza Monseñor Severino Di Stéfano, para celebrar su día. Era el día del malabarista, y habían decidido armar un evento público de circo en la plaza ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus. Pregunté si habían pedido los permisos, y me confesaron que no, porque honestamente estaban cansados. Según ellos, “cada vez que vamos es una traba más, siempre falta un papel y todo el trámite se reinicia”. Mientras montan la actividad, ya sin el problemático gazebo, me describen el sisífico esfuerzo que deben hacer cada vez que intentan conseguir un espacio para ellos. 

Del otro lado, la respuesta parece hasta razonable. “¿Quién se hace responsable?” Esa es la inquisición que realizaron desde las instituciones de gobierno, en off, cada vez que les consulté por qué es tan dificultoso conseguir un espacio público, una plaza, un lugar para realizar las actividades. Tiene sentido, en tanto nuestras normas hacen cargo al responsable de la actividad de lo que ocurriera en la misma, y aquellas intervenciones sin autorización y sin responsables son un peligro institucional para los responsables de estos espacios.

“Cada vez que vamos es una traba más, siempre falta un papel y todo el trámite se reinicia”

Artistas en la Plaza Di Stéfano

Es que cuando el Código Civil y Comercial (art. 235 inc. f) establece a “las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común”, como bienes de aprovechamiento común (dominio público), no está siendo del todo honesto. En teoría, pueden ser utilizados por cualquier persona de manera libre y discrecional mientras no configure un abuso de derecho. En la práctica, si cualquier persona ha pretendido ocupar uno de estos espacios para un uso más allá de pasear una mascota, sabrá que nada es tan sencillo como el código parece pretender. 

Dos artículos más abajo tenemos el porqué cuando establece que de las cosas del Estado, “las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales”. La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal. Hay plazas que entonces pertenecen a las municipalidades, hay plazas que pertenecen a la provincia, hay plazas que parecen plazas pero no lo son (como los espacios verdes de la Avenida de Circunvalación) y hay plazas que, por su ubicación, se encuentran en los límites entre municipios, lo cual hace hasta dificultoso conocer su jurisdicción. El derrotero no termina ahí, sino que de existir conflictos de jurisdicciones, se deben iniciar expedientes separados por la misma actividad en una, dos o tres instituciones diferentes. 

La Municipalidad de la Capital, titular de la jurisdicción de la plaza donde esta actividad se realizaba, establece un mecanismo para petición de espacios públicos, según los artistas. Una nota, dirigida al intendente, solicitando el espacio en una fecha y hora determinada, y una descripción o proyecto de la actividad a realizar. Fuentes cercanas a la Secretaría de Cultura de este municipio corroboraron esta política y los requisitos en otros municipios no son muy distintos. Sin embargo, los artistas fueron críticos de la descripción simplista de la gestión, pues plantean que en la realidad, como dijimos anteriormente, “siempre falta un papel más”.

Desde la Secretaría de Cultura comentaron que los datos que se solicitan a los artistas se refieren particularmente a quién es el responsable de la actividad. Según fuentes cercanas a la secretaría, la municipalidad propone un cronograma de actividades y, salvo que las mismas se superpongan (las propias del municipio y las propuestas por artistas), aprueba rápidamente las solicitudes. La municipalidad, asimismo, registra, tanto a los artistas que las organizan como los rubros en los que se especializan, a los fines de tener una nómina de artistas departamentales. Según nuestra fuente, los permisos para realizar las actividades duran un mes, algo que algunos de los artistas presentes en la Plaza Di Stéfano calificaron como negativo. Por dar un ejemplo, un espacio público para ocupar hoy, 21 de septiembre, solo podría haber sido pedido a partir del 21 de agosto; y debería haberse confirmado el lunes de esta misma semana; lo cual genera bastantes problemas de logística.

En primer lugar, porque al facultar los permisos en plazos relativamente cortos, se limita la posibilidad de la planificación de un proyecto a largo plazo o con múltiples intervenciones (esto porque cada intervención, requiere su permiso particular), y aun peor, fuerza a los artistas a hacer un crunch terrible en la última semana entre ensayos y difusión para tener el lugar por seguro. Y según los allí presentes, a veces ni siquiera eso es una garantía. Por último, la fuente municipal aclara que “a los artistas que son habitué los tenemos en la lista, y a los que no, se reúnen con el secretario y lo charlan”. Aunque también confesó que este acuerdo no ha sido siempre pacífico, y que ha habido encontronazos. Los mismos fueron descritos por los artistas, cuyos conflictos disparadores no tienen una respuesta uniforme. Son múltiples sus causas, desde diferencias internas hasta posicionamientos políticos; desde las filosofías del arte, hasta los surgidos de aprendizaje de gestión obligado que han tomado aquellos que asumieron el rol de gestores culturales, como una suerte de solución ante este (y otros) problemas. 

“Al facultar los permisos en plazos relativamente cortos, se limita la posibilidad de la planificación de un proyecto a largo plazo o con múltiples intervenciones” 

Los gestores culturales son aquellos que, como me definió la presidenta de la Asociación Civil de Artistxs Sanjuaninxs Autonomxs, Agustina Cantoni, “toman la acción de pensar en grande y en cooperativo (…) que entienden que para hacer estos proyectos necesitan más gente y la buscan”. ACASA es eso, un gestor cultural, nacido de la experiencia del Encuentro Internacional de Arte Urbano (el Maaanso), que convirtió gran parte del Gran San Juan en un museo de arte al aire libre. En sus palabras parece atisbar la única respuesta que los artistas han encontrado a estas realidades. La luz al final del túnel parece desprenderse del sentido común. En el mar de incertidumbres, los artistas tienen una solución: la organización.

De la intervención también participaba Anila de La Chacota, un elenco de circo local a la gorra que ha estado haciendo presentaciones incluso en México; y sus reflexiones respecto a cómo solucionar esto, eran las mismas. Ellos encontraron la solución en lo colectivo, al igual que una decena de colectivas, asociaciones, y cooperativas que han surgido en el último tiempo en la provincia. Para ellos la búsqueda es simple, “que el arte callejero se legitime”, y han encontrado en el cooperativismo (al menos en una versión prototípica) alguna solución.

No lo hicieron por voluntad, sino por necesidad. La cogestión empezó del cansancio, la desesperación y la crisis que los artistas vieron venir a causa de la pandemia. Agustina comentó que ACASA surgió del aislamiento, de una necesidad de hacer algo. Los artistas convocados en la plaza formaron una colectiva de circo con el mismo fin. De ahí surgieron ideas como la Escuela de Circo, de la que aún conservan el instrumental y usan para dar talleres abiertos; o los festivales como el San Juglar.  

Desde la municipalidad aplauden la organización, y la agradecen, aunque confiesan una realidad: “es difícil para el estado contratar un artista si no tienen un CBU”. Desde la Secretaría proponen una solución diferente pero similar: formalizar. Para ellos los artistas, en su independencia, suponen un desafío a la hora de los pagos y de institucionalizar los vínculos. 

Sin embargo, esta respuesta parece insuficiente para los artistas, que encuentran escritorios implacables y requerimientos indescifrables que no pueden cumplimentar a veces, por mera circunstancia de sus actividades. ¿Quién está a cargo de una actividad de convocatoria espontánea? ¿Cómo ha de establecer la cantidad de público un artista callejero? ¿Cómo ha de declarar un artista a la gorra sus ingresos? ¿Cómo puede planificarse una actividad masiva si los permisos claudican a un mes de su otorgamiento?

Por ahora, los resultados los conocemos: los expedientes se retrasan, las instituciones intermedias reclaman alícuotas, y las vías se desconocen; todos conocen el monotributo social, pocos saben cómo gestionarlo. Estas dificultades generan una realidad que parece una reclamación frecuente, desde ambas partes: llaman siempre a los mismos. Para unos, por conveniencia; para otros, por necesidad. 

Para cerrar las entrevistas, propuse la pregunta que estoy seguro que les harta, pero que me interesaba conocer: ¿se puede vivir de esto? Según Anila, sí. No es fácil, ni por asomo, pero se vive de lo que se ama. ¿Cuáles son los problemas? Además de los ya mencionados, el juzgamiento al trabajo ajeno…y la gorra. No las fuerzas de seguridad, la falta de la cultura de la gorra, al menos a nivel local. 

Quienes la pasan mal igual para los allí presentes son los otros, a los que definieron con una categoría que les hace justicia “los chicos de los semáforos”. Aquellos artistas callejeros que hacen su arte a la vera de las avenidas principales de la ciudad. Sufren desde persecuciones hasta acoso, de los transeúntes, los conductores y, a veces, hasta las fuerzas de seguridad. La figura, ya es otra en el mismo código, o a veces una completamente diferente y deshumanizante: mendicidad. 

En la misma línea, se encuentran los movimientos teatrales y de danzas populares, las llamadas murgas. Espontáneas u organizadas, tradicionales o modernas, ni los avales institucionales ni la tradición en sus barrios le aseguran su permanencia en las plazas y espacios públicos. Pronto las fuerzas, alertadas por algún vecino que “le molestan los bombos y platillos”, aparecen en estos lugares, y esgrimiendo una nueva figura, la de ruidos molestos, los expulsan del lugar. 

De todos ellos tendremos que hablar muy pronto.

¹ Art. 113 Código de Faltas. Será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de trescientos jus (300 J) a quinientos jus (500 J), instrucciones especiales, trabajos de utilidad pública, clausura o arresto de hasta treinta (30) días:  Inc. d. Que organice desfiles, manifestaciones o reuniones públicas multitudinarias al aire libre o en local cerrado, sin dar aviso a la autoridad policial para que implemente las medidas de seguridad que el caso requiera. Inc. f. Que realice reuniones tumultuosas en perjuicio de la tranquilidad de la población o en ofensa de persona determinada.