¿Qué pasa con el etiquetado frontal en San Juan?
¿Qué productos sanjuaninos deben cumplir con el etiquetado frontal? ¿algunos ya tienen los octógonos? ¿Hay políticas para acompañar a los/as productores en el cumplimiento de la ley de etiquetado? ¿Qué sucede con lo producido por la agricultura familiar?
¿Qué pasa con el etiquetado frontal de productos sanjuaninos? Intentar responder esta pregunta supone un esfuerzo similar al de armar un rompecabezas de muchísimas piezas. Ninguno de los involucrados en la aplicación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS), más conocida como ley de etiquetado frontal, tiene todas las respuestas. O, dicho de otra forma, la respuesta de ninguno es suficiente para contestar el interrogante que tomamos como punto de partida. Además, la transición entre la actual y la futura gestión de gobierno a nivel provincial, sumada al marco de incertidumbre a nivel nacional, es la frutilla de un panorama complejo. Ver octógonos en los productos elaborados en nuestra provincia parece todavía algo extraño y lejano. Sin embargo, el tiempo apremia. Nación les dio plazo a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) hasta el 20 de noviembre para ponerse al día con la ley. En esa fecha se cumplen 24 meses desde que la normativa nacional entró en vigencia.
¿Quiénes tienen que etiquetar sus productos en San Juan?
La Ley 27.642 tiene alcance nacional y las provincias deben cumplirla, sin necesidad de manifestar su adhesión. A pesar de eso, algunas jurisdicciones determinaron particularidades para su regulación en su territorio. Eso todavía no sucede en San Juan, pero desde Salud Pública comentaron que está en los planes de la ministra de Salud, Alejandra Venerando, normar la adhesión. Sin embargo, a la actual gestión le quedan menos de tres meses para hacerlo. Lograr una reglamentación local es importante, afirma Érica García, quien está a cargo de la División de Nutrición de Salud Pública de la provincia, ya que cada región tiene su propia cultura alimentaria.
La Licenciada en Alimentos Salomé Rodríguez explica que cualquiera que envase alimentos y bebidas sin alcohol fuera de la vista de quien los comprará y/o consumirá está obligado a cumplir con la normativa. No importa si quien produce lo hace a gran o a pequeña escala; si el producto es industrial, regional o de la agricultura familiar, todos son sujetos obligados. Rodríguez aclara que llevarán octógonos aquellos productos que tengan “el agregado de algún nutriente crítico: azúcar, sodio, grasas”.
Desde esta perspectiva, hasta el pan de membrillo elaborado de manera casera y vendido al público debe cumplir con la normativa. También los embutidos, los jugos, las mermeladas y las conservas, entre otros.
El Ministerio de Salud de la provincia, específicamente la División Alimentos, es el órgano de aplicación de la ley. Es el responsable de controlar que los productos que llegan desde afuera y los producidos aquí tengan la información nutricional, ya establecida en el Código Alimentario Argentino, y los octógonos en los casos en los que el producto sobrepase los valores indicados de grasas totales y saturadas, sodio, azúcares y calorías. También si este contuviera edulcorantes o cafeína.
¿Cómo hacen los/as productores/as locales para cumplir con la ley de etiquetado frontal?
Para responder esa pregunta y asesorar a productores/as locales acerca de la normativa, durante julio y agosto, la Lic. en Alimentos, Salomé Rodríguez, y la Lic. en Tecnologías de los Alimentos, Anika Tropea, brindaron la Capacitación en Rotulado Nutricional Frontal junto a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y al Departamento de Ingeniería Química de la misma facultad. Hasta ahora, esta ha sido una de las instancias de formación en la normativa a nivel local y tenía un costo.
Rodríguez explica que para especificar la información nutricional de un producto y determinar la presencia en exceso de algún nutriente crítico es fundamental contar con un profesional en alimentos. Primero es necesario determinar la información nutricional del producto para luego establecer si alguno de los nutrientes críticos está presente por encima de los valores determinados en la Ley 27.642.
Ahora, ¿todos/as tienen acceso a contratar a un profesional, técnico en alimentos, licenciado en alimentos? ¿Existe algún asesoramiento desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia para acompañar a los/as productores locales en el proceso de aplicar la ley?
Actualmente, Producción no está brindando ningún tipo de formación o acompañamiento económico para que los/as productores sanjuaninos/as realicen el etiquetado. Este momento del año los encuentra terminando un proceso que ha sido fundamental para sumar productos locales a las góndolas: la obtención del código de barras. Pero del etiquetado por el momento no hay nada. Y probablemente esta no sea la gestión que llegue a desarrollar alguna política en ese sentido.
Aunque sí es cierto que, bajo la órbita del ministerio, funciona el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, que es el laboratorio donde se realizan los ensayos oficiales, y allí se puede analizar la información nutricional, el paso necesario para determinar si el producto debe llevar algún octógono. El servicio tiene un costo, pero en general se trata de facilitar su acceso a los productos regionales o de la agricultura familiar.
Quien sí están brindando información y respondiendo consultas generales en torno a la normativa es la División de Alimentos de Salud Pública de la provincia. Desde esa división, la Lic. Viviana Samprieto expresó que están a disposición de quienes necesiten acercarse a preguntar.
¿Alguien ya está cumpliendo con la normativa?
Por ser el órgano de aplicación de la ley de etiquetado, Salud Pública debe avanzar en su difusión y control, aunque desde Producción todavía no existen acciones precisas en ese sentido.
Por otra parte, más allá de la supervisión que realice la División de Alimentos de Salud Pública, la División de Nutrición comenzó a trabajar en la promoción de la normativa. Su jefa, Érica García, comenta que trabajan con las escuelas en la difusión de la legislación para que los/as estudiantes aprendan a leer el etiquetado y tengan información clara y precisa de lo que van a comer. Esta tarea se complementa con las acciones de promoción que la división realiza desde hace algunos años con el Ministerio de Educación de la provincia. En conjunto organizan el Concurso Entornos Saludables Escolares, destinado a promover hábitos saludables.
En este contexto, cuenta García, están trabajando para que los kioscos de las escuelas no vendan alimentos y bebidas que tengan más de un octógono. Llegar a eso llevará tiempo y uno de los factores claves será que la provincia manifieste su adhesión a la ley. Con ese recurso legal, el ministerio podrá solicitar a este tipo de negocios la omisión de productos con más de un rótulo. Además, esta misma política debería extenderse a los alimentos y bebidas que compran los ministerios de la provincia.
Otra área de gobierno que interviene en el cumplimiento de la ley de etiquetado es la Dirección de Defensa al Consumidor del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico. Su subdirector, Daniel Pérez, explica que los/as inspectores/as de la dirección que controlan, entre otras cuestiones, los precios cuidados, también se ocupan de chequear el cumplimiento de Ley de Góndolas y de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Además, Pérez aclara que, hasta el momento, en la provincia no hubo ninguna denuncia por incumplimiento de la normativa de etiquetado.
¿Qué dicen los/as productores?
Manuel Rodríguez (hijo), de Panificadora Mauri y secretario de la Unión Industrial de San Juan, expresó que entre los/as asociados/as a la unión recibieron información para participar en cursos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre etiquetado. Además, contó que en el caso de su empresa tuvieron la oportunidad de iniciar el trámite de etiquetado para uno de sus productos. Resalta que este es un proceso engorroso y costoso. “Un profesional te está cobrando entre 25 y 50 mil pesos por producto y después los análisis te llevarán otros 15 mil pesos más. Y vos imagínate que nosotros, por ejemplo, tenemos pan de pacho, de hamburguesa, de miga… encarar todo este tema se hace muy costoso”.
El empresario explica que ellos iniciaron el proceso en marzo, a través del SIFeGA (Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos) y recién hace un par de semanas obtuvieron respuestas. Teniendo en cuenta esa demora, considera que tal vez haya prórroga en los últimos plazos establecidos para el cumplimiento del etiquetado frontal por parte de las PyMEs. “Ellos mismos se demoran. De hecho, si superan los tres meses en darte respuesta, podés avanzar con el etiquetado en base a tus análisis. Vamos a un ejemplo: yo sé que a este producto, por los análisis que estoy presentando, le va a caber alto en grasa y en azúcares. Si a los tres meses no tengo respuesta yo puedo ya salir con la impresión y los octógonos. Ahora, corro el riesgo de que cuando me den el ok sea distinto y me tenga que echar para atrás”.
¿Los/as productores/as locales ya están trabajando para aplicar el etiquetado frontal? Indagamos también en otro sector que nos generaba más interrogantes: el de la economía social y en particular la agricultura familiar. Natalia Silva, integrante de la Cooperativa Boca del Tigre, representante en San Juan de la Unión Trabajadores de la Tierra, comentó que en la cooperativa ya están trabajado para adaptarse al etiquetado frontal. Uno de sus principales productos es la salsa de tomate, que actualmente es consumida, entre otros/as, por el Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Juan. La socia de la cooperativa aclara que pensar en el etiquetado es posible para ellos/as porque ya han cumplido con pasos previos que son mucho más complejos: tener un establecimiento registrado y un producto registrado, a nivel provincial y nacional. Sin eso, no hay etiquetado que sea posible.
Silva agrega que para lograr los registros trabajan con dos técnicas y aclara que esto no es lo común en la agricultura familiar, ya que esto supone otros costos. En el caso de la cooperativa, encararon el desafío porque hace unos años la posibilidad de obtener los registros se flexibilizó y porque aparecieron otras oportunidades de comercialización que les demandaban esas formalizaciones.
En cuanto al etiquetado, Silva considera que la famosa “ley de etiquetado frontal” es fundamental para comunicar, pero “deja al margen a la agricultura familiar, como siempre”. “La ley está pensada para la industria, porque vas a sacar un producto de la góndola y no tenés idea de dónde viene y por eso está muy bien el etiquetado frontal. El mercado es tan grande que aleja a quien produce de quien consume”. Sin embargo, suma, “no es la única manera, no siempre tiene que ser el mercado”.
Respecto a la posibilidad de que los/as productores/as de la agricultura familiar queden por fuera de la ley, es decir, sin posibilidad de realizar el etiquetado, Silva expresa “¿sabés cuál es la tranquilidad? Es que ellos se lo darían de comer a sus hijos. Eso es la agricultura familiar. Ahora, la legalidad está pensada para grandes industrias. Entonces, no hay punto de acuerdo, a no ser que generen otras estructuras. Esas personas no están amparadas por el estado porque no cumplen con ser una fábrica, pero a la agricultura familiar la ampara el hecho de que come lo que produce”.