El camino de las adolescencias insertas en un proceso penal

Verónica no puede dormir. Está sentada frente a la mesa del comedor esperando a su hijo de 16 años. A la tarde Juan se despidió con un beso y salió a juntarse con unos amigos; prometió volver temprano. Lo llama, pero su teléfono está apagado.

Cerca de las once de la noche, desde un número desconocido, un policía le informa que su hijo está en una comisaría. Detuvieron a Juan en el parque porque le robó el celular a una mujer y huyó. El policía le pide que lleve a la comisaría una copia de la partida de nacimiento y le aconseja que consiga un abogado. Pero Verónica no sabe nada de leyes, no conoce abogados/as, mucho menos a penalistas, ni tampoco tiene dinero para pagar una defensa.

Los casos como el de Juan aparecen con frecuencia en los diarios. Sus historias son contadas bajo titulares como: “Atraparon a una banda de ladrones: uno es menor de edad”. Los artículos son acompañados de imágenes de varones jóvenes de espaldas con las esposas puestas o ilustraciones sacadas de Internet de algún chico golpeando a alguien; eso en el mejor de los casos. En el peor aparecen rostros pixelados de adolescentes o es incluido su apodo y el barrio donde viven. Quienes escriben estas noticias se amparan en la excusa de que: “es un apodo, no lo van a identificar” o en que la imagen está borrosa. Como si el hecho de que los/as adolescentes estuvieran inmersos en un proceso penal justificara violar sus derechos a la imagen e identidad.

Estas historias también se convierten en un tema cotidiano de conversación. Nunca faltan los mismos viejos argumentos: los y las adolescentes comienzan a delinquir cada vez más jóvenes, antes de cumplir los dieciocho ya cuentan con un prontuario interminable, los detienen y salen como si nada para seguir robando. Para estas voces la solución a todos esos problemas es la baja en la edad de imputabilidad.

El inicio del camino: la detención

Según UNICEF y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENAF), son numerosas las investigaciones que revelan “la baja incidencia del delito cometido por las y los adolescentes en el contexto del escenario de la inseguridad ciudadana” (1).  Sin embargo, hay niños, niñas y adolescentes infractores, que terminan insertos en un proceso penal.

“En San Juan, los delitos más cometidos por los y las adolescentes son la resistencia a la autoridad, el robo y el hurto. Los crímenes casi siempre quedan en grado de tentativa”. La resistencia a la autoridad ocurre cuando la policía le pide a la o el adolescente que se detenga y no hace caso y huye. La mayoría de los casos son de delitos leves que no logran consumarse, no son finalizados. Quien nos informa es Mariela López, una de las dos Defensoras Penales de Niñez y Adolescencia que tiene el Poder Judicial de San Juan. Ellas defienden a adolescentes presuntos transgresores de la ley penal cuando los padres no pueden pagar un abogado particular.

En San Juan, en 2011, se modificó el Código Procesal Penal, en el cual se incorporó el Proceso Penal Juvenil. A partir de la vigencia de estos cambios, en 2017, los Juzgados de Menores pasaron a ser Juzgados Penales de Niñez y Adolescencia 1 y 2, se crearon las Fiscalías Penales de Niñez y Adolescencia 1 y 2 y se asignan dos figuras nuevas al proceso penal: defensores/as y asesores/as penales de niñez y adolescencia.

Las Defensorías Penales de Niñez y Adolescencia 1 y 2 quedan en el centro, por calle Rivadavia, casi llegando a Jujuy, cerca del viejo edificio de Tribunales. En la entrada hay una puerta de vidrio; desde afuera puede verse la sala de espera, que está llena de padres.

¿Cómo actúan los y las adolescentes que transgreden la ley después de ser sorprendidos por la policía? ¿Planean con anticipación los delitos y la huida? Mariela López, que está a cargo de la Defensoría Número 1 nos dice: “los chicos por su inmadurez no tienen un plan. No piensan: voy a salir, a saltar y a subirme a la moto para huir. No se preguntan, ¿qué va a pasar si me ven haciendo esto? Ni tampoco preparan la acción, son impulsivos, por eso suelen ser atrapados rápido por la policía”.

En San Juan no hay una comisaría especial para adolescentes. Las detenciones las realizan miembros de la policía y se siguen una serie de recaudos. Al respecto, la Defensora Penal de Niñez y Adolescencia expresó: “los chicos están en una celda especial, separada de la de los adultos y no pueden permanecer más de un día en la comisaría. Luego de la detención se cita a los padres, se verifica la edad a través de una partida de nacimiento y los padres los retiran. Se notifica inmediatamente al Juez Penal de Niñez y Adolescencia. La notificación al Juez es fundamental y es importante que se realice rápido para que los adolescentes no pasen muchas horas en la comisaría”.

Lo primero que deben hacer los padres después de enterarse de que su hijo o hija está en una comisaría es conseguir una defensa, privada o brindada por el Estado.

Trayectorias de vida

Como primeros pasos en su intervención, los Jueces Penales de Niñez y Adolescencia piden un informe de estudio de la personalidad de las niñas, niños o adolescentes que presuntamente infrigieron la ley. La licenciada López explicó que el estudio consiste en una entrevista llevada a cabo por un/a psicólogo/a para determinar si el o la acusada comprende la criminalidad de los hechos, es decir, si es consciente de la gravedad del delito que supuestamente cometió. A través de estas intervenciones, los y las especialistas también pueden darse cuenta si el o la adolescente padece algún retraso madurativo, una patología psiquiátrica o un problema de adicción a las sustancias.

“Sabemos, además, que sin caer en determinismos de ninguna índole, la inmensa mayoría de las adolescencias involucradas en la comisión de infracciones penales son integrantes de sectores sociales con sus derechos fuertemente vulnerados” expresaba en 2020 el Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner. (2)

En la provincia ese aspecto es abordado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. La trabajadora social y especialista en Criminología Adriana Quintero y la psicóloga Natalia Fayos, que trabajan en esa dependencia, concuerdan en que el denominador común en los y las adolescentes en conflicto con la ley penal es la falta de acceso a los derechos: a la educación, a la salud y a la recreación. Todo esto deja a chicos y chicas en una situación de mucha vulnerabilidad.

Por su parte, la licenciada Mariela López contó que muchos/as de sus defendidos/as suelen dejar la escuela después del tercer grado de la primaria. La normativa en Educación establece la promoción por ciclo, y como primero y segundo año son una unidad pedagógica, no hay repitencia hasta llegar a tercero; es en ese año cuando al no poder aprobar, abandonan.

Cuando los atraviesa el sistema penal, los Jueces exigen a las adolescencias que asistan a la escuela. Pero cuando eso sucede, ya tienen 16 o 17 años, son demasiado grandes para ir a la primaria y aún no han cumplido los 18 para asistir a una nocturna. Entonces quedan en una situación gris, en una especie de limbo.

Otro problema que los y las aqueja es la falta de acceso a la salud, una gran cantidad de quienes defiende López llevan años de desnutrición y tampoco han recibido chequeos médicos. Sus familias no han podido garantizarles el acceso a sus derechos.

Las medidas socioeducativas

Luego de recibir los informes, si el Juez Penal de Niñez y Adolescencia advierte que el o la adolescente imputado/a está en peligro o en una situación de vulnerabilidad, emite una sentencia citando a sus padres y ordena medidas socioeducativas. Las medidas que se toman dependen de la gravedad del hecho, de la situación del chico o la chica y se articulan con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

Como parte del proceso, las Defensoras Penales de Niñez y Adolescencia, las licenciadas Mariela López y Bettina Cuni, citan a los padres de sus defendidos/as para explicarles que el cumplimiento de las medidas es obligatorio. Si las incumplieran estarían también violando una orden judicial, lo cual es un delito.

En San Juan existen dos tipos de dispositivos penales juveniles: un establecimiento de privación de la libertad, que es el Centro Socio Educativo de Régimen Cerrado Nazario Benavídez; y el Programa Socieducativo de Abordaje Territorial. Ambos funcionan bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. No existen en San Juan otro tipo de dispositivos como establecimientos de restricción de libertad, con salidas transitorias. Tampoco hay equipos especializados en las comisarías o lugares de aprehensión que no sean comisarías para el alojamiento apenas se produce la detención.

Si el delito es grave o se advierte una situación de extrema vulnerabilidad, el destino de los niños o adolescentes que cometieron un delito será el Centro Nazario Benavidez. Según describió la licenciada Quintero, “el establecimiento tiene celdas donde duermen los chicos y también un comedor. Allí ellos reciben la enseñanza de un oficio, por ejemplo: carpintería, planta industrial. Una maestra del Ministerio de Educación va para que refuercen los conocimientos de la escuela primaria y puedan seguir estudiando. También practican deporte y pueden recibir asistencia religiosa si lo solicitan”. La psicóloga Natalia Fayos agregó: “cuando el adolescente es enviado al centro porque está en una situación riesgosa, el tiempo que pasa allí es mínimo y luego pasa al programa socioeducativo de abordaje territorial”.

¿Qué pasa si quien delinque es una niña o adolescente mujer? Hasta 2015 funcionó para ellas el Centro Socioeducativo Ferroviario, de régimen semicerrado. Según informó Quintero, prácticamente no hay ingreso de chicas al sistema penal. Los pocos casos son derivados al Programa Socioeducativo de Abordaje Territorial. La situación es similar en todo el país donde las estadísticas muestran más de un 90 por ciento de adolescentes varones acusados de delitos. No hay estadísticas de otras identidades que no sean varón o mujer.

Acceder a derechos y poder ejercerlos

En el Programa Socioeducativo de Abordaje Territorial, los chicos o chicas permanecen en sus casas, acompañados y monitoreados por un equipo de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Según explicaron las licenciadas Quintero y Fayos, las medidas que ellas toman dependen de cada caso particular. El abordaje es personalizado, atiende a las necesidades de cada uno/a y de su grupo familiar.

Lo que los y las especialistas buscan es que las adolescencias puedan acceder y ejercer los derechos que tienen vulnerados, que vean al estudio como una inversión para un futuro mejor. También trabajan con los recursos institucionales y comunitarios del barrio donde vive la familia. Si lo que hace falta es ayuda económica para terminar los estudios primarios o secundarios, trabajadore/as sociales y psicólogo/as les brindan acceso a kits escolares y/o les informan acerca de cómo pueden cobrar el plan Progresar.

La mayoría de los chicos y chicas tienen la necesidad de conseguir dinero rápido, entonces desde la dirección los orientan para que puedan acceder al aprendizaje de un oficio. Los y las acompañan a buscar una capacitación que tenga rápida salida laboral para que puedan ganar una remuneración sin violar la ley. Quintero y Fayos informaron que el Ministerio de Educación cuenta con muchas escuelas accesibles que ofrecen desde carreras de cinco años hasta capacitaciones de un año o dos. También existe el tráiler de educación, que es gratuito, va a los distintos departamentos y sus docentes enseñan en un mes oficios como plomería, corte y confección o mecánica.

Muchas adolescencias presuntamente transgresoras de la ley padecen un problema de adicción a las sustancias. En estos casos se realiza una articulación con la Dirección de Abordaje Integral de Adicciones, quienes acuerdan el tratamiento a seguir y determinan si es necesaria una internación. Quienes sufren de esta patología muchas veces ni siquiera comprenden la gravedad de los delitos porque no estaban lúcido/as al momento de cometerlos.

Es fundamental que el tratamiento sea acompañado por la familia del o la adolescente. La trabajadora social Quintero expresó: “los padres tienen que asegurarse de que su hijo tome la medicación en el horario indicado y asista a terapia. El medio social también cumple un rol fundamental en la recuperación. Los padres pueden contener a sus hijos o hijas, pero muchas veces ellos se encuentran con factores de riesgo en el lugar donde viven o en su grupo de pares”. 

Para la Defensora Penal de Niñez y Adolescencia, Mariela López, “las medidas socioeducativas tienen una importancia fundamental. Hay adolescentes en conflicto con la ley penal que, con la contención que reciben por parte de los especialistas y el acompañamiento de sus familias, pueden salir adelante. La reinserción social se logra en varios casos”.

Los falsos mitos

El mito del sistema de puertas giratorias, la creencia de que las adolescencias involucradas en procesos penales entran y salen es falso. La licenciada López expresó al respecto: “cuando los chicos tienen más de 16 años y menos de 18 y los capta el sistema penal, se aplican un montón de medidas durante la minoría de edad, pero esas causas no desaparecen. El chico o la chica entra, cumple con una medida socioeducativa, va a ser entregado o entregada seguramente a los padres, pero esa causa continúa un proceso en contra de él o ella. Cuando el o la adolescente cumple los 18 años se los somete a juicio”.

Según el informe de UNICEF y SENAF que venimos citando, del total de adolescentes alojado/as en establecimientos o incluido/as en medidas territoriales en nuestro país, casi el 90 por ciento tiene entre 16 y 17 años, “lo que implica que, en la medida que los delitos imputados son de acción pública y con una pena de dos años de prisión o más, son consideradas/os punibles según la legislación vigente. Como contraparte, el 10,2% de las/os adolescentes tiene menos de 16 años y por lo tanto no son punibles en función de la edad” (3).

Otro mito: ¿La baja en la edad de imputabilidad generaría una disminución de los delitos cometidos por adolescentes? La Defensora Penal de Niñez y Adolescencia respondió: “se le da un carácter mágico al hecho de bajar la edad de imputabilidad. Eso es una utopía. No soluciona el tema del delito, no está relacionado y para mí eso es un mito. Lo que se debe analizar es otro tema: la realidad social y cómo está operando”.

No existe en Argentina un Código Penal especial para niños, niñas y adolescentes. Se los juzga y condena con un Código Penal para adultos. La Defensora Penal de la Niñez y Adolescencia, la licenciada Mariela López explicó que “los fallos nacionales han dejado como precedente que cuando los transgresores a la ley son adolescentes, se deben aplicar los años que corresponden a la tentativa del delito”. La pena se disminuiría de un tercio a la mitad, teniendo en cuenta la pena para los adultos. El abordaje para la Justicia Penal Juvenil debe contemplar los tratados internacionales a los que ha adherido la Argentina: la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de su Libertad.

La baja de la edad de imputabilidad no reduciría los delitos cometidos por adolescentes porque esta solución no tiene en cuenta ni la realidad social ni las trayectorias de vida de las adolescencias presuntas transgresoras de la ley penal. Las políticas sociales y públicas destinadas a que los sectores vulnerables accedan a la escolarización, a la salud y a otros derechos son el camino.

Notas 1, 2 y 3:
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y UNICEF (2020): Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población. Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/relevamiento-nacional-de-dispositivos-penales-juveniles-y-su-poblacion