Interrupción del embarazo en San Juan: ¿se cumple la ley?

Por Federica Dech y Gonzalo Paez

Tras años de lucha por la despenalización y legalización del aborto, en diciembre del 2020 se sancionó en Argentina la Ley 27.610, que establece la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho para mujeres, niñas y personas gestantes. También determina que la práctica es gratuita y puede solicitarse en todos los sistemas de salud: público, obras sociales y prepagas. A partir de su promulgación, la ley está vigente en todo el territorio nacional; es decir que no requiere de adhesiones provinciales o de reglamentación para su vigencia.

La ley contempla el aborto hasta las 14 semanas de gestación a demanda y dispone que todos los centros de salud del país deben contar con equipos de profesionales que faciliten el proceso. Además, establece que las personas que soliciten la IVEtienen derecho al trato digno y respetuoso de su autonomía por parte del personal de salud.

Al repasar datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación en su informe ImplementAR IVE/ILE de 2022, encontramos que en 2022 se efectuaron 96.664 interrupciones voluntarias del embarazo en todo el país. De ese total, 1219 fueron en San Juan. Además, durante 2022, 1793 efectores (centros de salud) en todo el país realizaron interrupciones del embarazo y 14 pertenecen a San Juan.

Si bien la ley garantiza el acceso a la IVE, en la práctica su implementación se ve condicionada por una multiplicidad de factores que van desde la falta de equipos profesionales capacitadxs en los centros de salud hasta dimensiones políticas, sociales y culturales que tiñen el proceso de estigmatizaciones y prejuicios por parte de la sociedad y de lxs profesionales. Es allí donde la interrupción voluntaria del embarazo puede convertirse en un escenario cargado de violencias que ponen en disputa la autonomía corporal de las personas gestantes.

En San Juan, hasta la sanción de la ley de IVE no hubo adhesión a políticas públicas nacionales ni elaboración de políticas provinciales que garantizaran el acceso a abortos legales en causales de salud o violación. Estas condiciones, junto con el hecho de que la mayoría de lxs funcionarixs locales se expresaron en contra, generan al día de hoy amplias controversias en torno a la implementación de la ley en la provincia.^[1]

Los tres ejes problemáticos en la implementación de la ley

Pensando en el proceso que debe seguir quien decide abortar en San Juan, encontramos un camino marcado por irregularidades en diferentes instancias. Desde El Catalejo conversamos con Yanina Iturrieta, Licenciada en Sociología, doctoranda en Estudios de Género, becaria del CONICET e integrante de “Las Hilarias”, acerca de todos los puntos problemáticos de la implementación de la ley en la provincia, tal como ella lo expone en el artículo “Política de aborto en San Juan”.

La primera dificultad que se presenta tiene que ver con la comunicación de la ley y la divulgación pública de este derecho. Según el informe ImplementAR IVE 2022, desde el Ministerio de Salud de la Nación se emitieron distintas piezas gráficas y audiovisuales para informar a la población sobre su derecho de acceso a la IVE. Las mismas se repartieron en los centros de salud y en redes sociales. Sin embargo, Yanina comenta que, en conversación con profesionales, mencionaron que “los afiches del Ministerio fueron entregados a los jefes de zona, pero no los envían, ni avisan, por lo que deben ir las mismas profesionales a reclamarlos para  poder pegarlos donde trabajan”.

El segundo punto tiene que ver con la disponibilidad de centros de salud que realicen el proceso junto con la capacitación del personal. “La ley establece que todos los centros públicos deben brindar el servicio, pero en la práctica esto no se da”, subraya.

Sobre la capacitación del personal de salud, Yanina nos comenta la importancia de que no solo lxs médicxs implicadxs en el proceso estén capacitadxs, sino también el personal administrativo. “Son un sujeto clave para facilitar u obstaculizar la atención. Eso excede a lo pensado en la ley, que no habla del personal administrativo ni protocolos. Sin embargo, son un articulador importante en el acceso al derecho.”

El Ministerio de Salud de la Nación brinda diferentes programas de capacitación orientados al personal sanitario. Uno de ellos es “El aborto en la Argentina: herramientas conceptuales y operativas para la implementación plena de la Ley 27.610”, destinado a equipos de salud que realicen el proceso de interrupción del embarazo con el objetivo de “lograr un pleno cumplimiento de la Ley 27.610 a partir de un conocimiento actualizado, científico e integral y del compromiso ético y profesional con la garantía de la ley”, según establece el ministerio en el informe.

Sin embargo, si tomamos los datos de 2022, a nivel nacional un total de 434 personas aprobaron la capacitación, de las cuales solamente 3 (tres) son sanjuaninxs.

La falta de médicxs capacitadxs genera escenarios de violencia en, por ejemplo, los estudios complementarios que, para acceder a la IVE, como la ecografía. “Se genera toda una escena que puedo marcar con entrevistas a personas que abortaron”, relata Yanina.

En ese momento, agrega, se busca “obligar a la persona a un afecto con el producto de su embarazo, se hacen comentarios, no se consulta lo que quiere la persona, se dan opiniones valorativas sobre la gestación felicitando a la persona, llamándola ‘mamá’ e incluso se la intenta convencer de no llevar a cabo el proceso”.

Como último eje de la problemática, encontramos un aspecto fundamental: la falta de respeto hacia la libertad de las personas para elegir cómo quieren reproducirse y llevar a cabo sus proyectos de vida. “Hay grupos que hablan dejusticia reproductiva para definir los modos que tienen las comunidades de decidir sobre su vida y sus cuerpos. Hay una apuesta por pensar en el asunto como algo más amplio”, concluyó Iturrieta.

A pesar de los reiterados intentos de contacto del Catalejo, no hubo respuesta por parte del Ministerio de Salud de San Juan para consultar respecto a estas problemáticas.

El proceso, desde dentro

Celina Carrascosa, psicóloga que integra el equipo de IVE del Hospital de Albardón, nos da la perspectiva de los profesionales de salud que llevan adelante los procesos de IVE.

La mayoría de las personas que buscan acceder a un aborto llegan orientadas por “Las Hilarias” o a través del Whatsapp que puso a disposición el Ministerio de Salud de San Juan, explica Celina.

Solo un pequeño porcentaje proviene de la derivación de otros profesionales de la salud. “Es más difícil”, cuenta la psicóloga, “por un lado porque las usuarias tienen vergüenza de manifestar la necesidad a sus médicos y por el otro, por la objeción de conciencia”.

Pero, ¿qué es la objeción de conciencia?

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo la prevé: es el derecho que protege la integridad moral permitiendo al personal de salud no realizar la práctica de interrupción debido a convicciones personales.

Al respecto, vale una gran aclaración: sólo lxs médicxs pueden objetar. Dice Carrascosa: “El resto de los profesionales de la salud no podemos ser objetores porque no somos quienes estamos interviniendo directamente en la interrupción de la gestación”. Y agrega que, cuando alguien que no es médico alega no realizar el proceso por objeción de conciencia, es por un lado una “mala interpretación de la ley” y por el otro una“decisión voluntaria de obstaculizar el acceso al derecho”.

Tal como establece la ley de IVE en su art. 11, de ningún modo la objeción de conciencia puede obstruir ni retrasar el derecho a abortar.  El marco legal establece que “el personal de salud no puede negar la atención sin garantizar la derivación a un efector que realice la práctica”.

Consultamos a Cecilia sobre manifestaciones en contra del proceso y la psicóloga responde que de parte de la comunidad su equipo no ha recibido obstrucciones, pero aclara que “tenemos que ir en contra de resistencias que están dentro del propio sistema de salud”.

A veces, cuenta, es un trabajo extra saber a quién derivar a la persona. “Nosotrxs tenemos la suerte de que la institución (el Hospital de Albardón) entiende que es un derecho de la persona. Estén de acuerdo o no, van a cumplir sus funciones. No nos obstaculizan en áreas como farmacia o ecografía, que son áreas sensibles”.

Celina comenta que existen situaciones violentas no sólo hacia las personas que acceden a la IVE, sino también hacia los profesionales que realizan la intervención. “Sé de compañeros que informan constantemente de situaciones muy violentas hacia las usuarias y hacia los profesionales que trabajamos en el acceso a este derecho. La mayor dificultad la percibimos desde los miembros del mismo sistema de salud”, cierra Celina.

¿Cómo seguimos?

En San Juan, queda aún un largo trayecto para superar los prejuicios no sólo de ciertos sectores de la sociedad civil, sino también de algunos profesionales del sistema de salud que imponen barreras y ejercen violencias contra las personas que deciden abortar.

 La promulgación de la Ley 27.610 es el inicio de un camino de respeto hacia la autonomía de las personas para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas y constituye, sin dudas, una ampliación de derechos reproductivos. Pero el recorrido está en permanente construcción, y los procesos reales muchas veces distan de ser un fiel reflejo de las situaciones ideales que plantea el texto de ley.

La sinergia entre socorristas, personal de salud con perspectiva de género y el Ministerio de Salud es crucial para lograr que cada día estemos más cerca de hablar de aborto seguro, legal y gratuito como un proceso respetado para todxs.

^[1] Iturrieta, Y. E. (2021). Política de aborto en San Juan. Experiencias y desafíos a partir de su legalización (p. 4). Universidad Nacional de La Plata.