“Es un error pensar que las personas que reciben planes no trabajan”

Una arrremetida de declaraciones y tapas de diarios en contra de las políticas sociales de transferencia de ingresos convive en estos meses con marchas y proyectos que apuestan a cubrir desde el Estado las necesidades básicas de un gran porcentaje de la población. Laura Garcés, una de las personas que más sabe de políticas sociales en el país, actualiza nuestra mirada sobre planes, “planeros”, empleo, pandemia y trabajo invisibilizado.

– ¿Qué te pasa cuando escuchás o leés la expresión “planeros”?

– Siento claramente cómo los medios de comunicación y parte de la sociedad selecciona a grupos poblacionales para estigmatizar, en este caso, en relación a ingresos. Me genera impotencia porque se selecciona a ciertos grupos y no a otros que concentran riqueza, y que también reciben subsidios del Estado como algunas empresas.

Laura Garcés es Doctora en Ciencias Sociales, Magister en Ciencias Sociales con mención en Políticas Sociales y licenciada en Servicio Social. Además de ser docente de grado, dirige en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ la Maestría en Políticas Sociales. Quien es hoy Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan, ha sido becaria de investigación de esta universidad y de CONICET, ha integrado, dirigido y dirige equipos de investigación cuyo tema son las políticas de transferencias de ingresos condicionadas, nombre científico para los llamados “planes sociales”. Sobre ellos ha escrito dos libros, más de diez capítulos de otros y es autora de una incontable cantidad de artículos y ponencias científicas. Si buscáramos en el país alguien especializado en políticas sociales, todas las brújulas apuntarían a ella.

Por eso lo que dice tiene sólidos fundamentos: “históricamente, en nuestro país, las empresas han recibido subsidios del Estado. Eso no es visto como una transferencia de dinero, eso no se discute, como no se discute la estatización de las deudas privadas, los subsidios, las excenciones impositivas, entre otras formas. Esas transferencias, que son directas e indirectas dirigidas a ciertos sectores sociales, no se ponen en discusión. Ni hablar de la fuga de capitales”.

– ¿Cuál es el trasfondo, la razón de esa estigmatización selectiva?

– Es un trasfondo ideológico, partidario, histórico. La oligarquía en nuestro país, desde principios del siglo pasado, ha marcado así a los pobres, los indígenas, los negros; a ellos se les ha asignado, entre otros, este estigma. Las clases con más poder económico, político, capital cultural son quienes asignan, con esos poderes, ese estigma.Pero hay que hacer una aclaración: en la época de Macri no se dio de baja a ningún plan; incluso surgieron otros y algunos planes aumentaron la cantidad de beneficiarios. Hay que decirlo, porque pareciera que los planes sociales son producto de ciertos gobiernos de corte populista que reparten planes.

– Repartir planes, transferir ingresos, redistribuir riqueza, todas formas de nombrar ¿lo mismo?

– Hay dos formas de redistribuir riquezas en un país: los salarios y las políticas sociales vía planes sociales. El Estado también transfiere, redistribuye la riqueza, a través de políticas sociales públicas en Educación, Salud, entre otras. Ahora tenemos en nuestro país casi un 40 por ciento de la población en informalidad, por fuera del mercado laboral. Está claro que el problema del desempleo es un problema estructural que ya no es de Argentina, es de América Latina y está siendo en Europa también un problema. Hablamos de un problema estructural de las sociedades contemporáneas. Entonces los planes sociales aparecen como una opción de los estados de contener, de garantizar ingresos.

– ¿Es ilógico hablar de convertir planes en empleo genuino?

– No del todo. No es que no se puedan mejorar los niveles de empleo o que los estados no puedan implementar políticas para mejorarlo. Lo que sí sabemos, porque se lo está estudiando en todo el mundo, es que no va a haber pleno empleo para todos y todas; que siempre va a haber una cantidad importantísima de personas, en este caso, en Argentina, un 40 por ciento de la población económicamente activa, alrededor de 9 millones de personas, que no tienen empleo registrado y que es difícil que lo tengan. No digo que sea el fin del trabajo; a lo mejor es el fin del empleo como lo conocimos.Políticas y Programas Sociales. Una mirada en clave regional y local es el nombre del libro del que es compiladora Laura Garcés junto a Marcelo Lucero (actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ). La obra colectiva, a cargo de investigadoras e investigadores sanjuaninos, fue presentada a comienzos de este mes de mayo. Allí los trabajos –algunos compilados y otros escritos por Laura Garcés- son muestra indiscutible de una trayectoria marcada por un interés y una perspectiva en torno a las políticas sociales, perspectiva que, como lo expresa el prólogo del libro “busca delimitar la problemática desde un punto específico que podría traducirse centralmente en la pregunta por la desigualdad o, dicho de otra manera, en pensar la política social desde el horizonte de la igualdad”.

– ¿Las políticas sociales fomentan la vagancia?

– Es uno de los mitos alrededor de las políticas sociales y parte del estigma del que hablábamos antes. Esa población no ha elegido el desempleo. Por supuesto que siempre hay casos excepcionales, que son estadísticamente irrrelevantes. Vamos a escuchar decir “yo conozco un caso”, que generalmente no tiene nombre ni apellido. Puede haber excepciones, pero cuando hablamos de política pública, hablamos de estadísticas masivas, no de casos aislados, de los que hay para todo en una sociedad.Otra cuestión importante de aclarar es que esa población, ese 40 por ciento, trabaja, no está empleado pero trabaja. Con las excepciones que mencionamos, es un error pensar que las personas que reciben planes no trabajan. Primero porque en general suman changas, trabajan en la economía popular, en la agricultura familiar, en cooperativas. Trabajan; lo que pasa es que no están empleados, no están registrados. Limitar el concepto de trabajo a empleo es un error conceptual teórico, práctico y político.

– La idea complementaria es que hay personas que eligen recibir un plan y no trabajar…

– Cuando dicen “eligen el plan social en vez del trabajo”, ¿de qué trabajo hablamos? Hablamos de empleos temporales, mal pagos y en condiciones de precariedad total. Si yo soy un ser racional y me dan a elegir un plan social mínimo pero estable en el tiempo, que me permite planificar mis necesidades básicas, a un trabajo que no sé cuánto me va a durar y en condiciones de precariedad, yo, ser racional, ¿qué elijo? Entonces cuando digamos que las personas prefieren un plan social a un empleo, discutamos cuál es el empleo que está dejando de lado. Es un error atribuir el problema del desempleo a las personas, cuando las cifras hablan por sí solas en nuestro país y en el mundo. Y es un mito pensar que las personas no quieren trabajar.

– Además, las investigaciones muestran otra cosa…

– Quienes hemos hecho investigaciones sobre los planes sabemos que eso es así, que no hay casos estadísticos relevantes. Por otro lado, hay un trabajo que no está registrado y está invisibilizado pero que es trabajo y trabajo socialmente útil porque sostiene a la sociedad, que es el trabajo de cuidados. En el trabajo de cuidados tenemos la crianza de hijos, la preparción de la alimentación, el cuidado de la enfermedad al interior de los hogares y eso tiene precio de mercado. Si no hay una mujer –que generalmente es un trabajo netamente femenino- que lo haga, tiene que pagarse en el mercado, es decir tiene que venir alguien a quien yo pago para hacerlo. Los planes sociales también están reconociendo a la mujer que trabaja en esas tareas de cuidado.

“Con la inflación que tenemos y en el marco de toda la situación económica, nunca está mal” dice Laura Garcés sobre el Refuerzo de Ingresos o IFE 4 de 18.000 pesos que implementó este año el gobierno nacional. Agrega: “todo lo que pueda ayudar a las personas de menores  ingresos a llegar a fin de mes está bien; con lo que no estoy de acuerdo es con que son medidas totalmente esporádicas, espasmódicas, por lo que su impacto es muy limitado. Por el contrario, todo lo que sea una política de Estado estable da garantías de estabilidad, de proyección, de posibilidades de armar proyectos de vida”.

– La pandemia empeoró todo pero también visibilizó…

– La pandemia sumó, a los problemas históricos y estructurales de empleo, el desmoronamiento de millones de puestos de empleo formal según lo ha demostrado la Organización Internacional del Trabajo.La pandemia demostró, además, que los ingresos hay que garantizarlos por fuera del empleo. Esa situación mostró, también, que la sociedad pudo sostenerse adentro, encerrada, porque hubo en general mujeres que sostuvieron con trabajo doméstico, cuidado de la salud, cuidado de las personas mayores, de los niños y niñas, o sea, la sociedad pudo resguardarse porque hubo quien cuidó, quien trabajó al interior de los hogares. Entonces, discutamos el concepto de trabajo para decir quiénes son los que no trabajan; analicemos estadísticamente y con estudios serios que muestran que quienes reciben planes tienen trabajo, no tienen empleo, pero realizan trabajos, y que un 90 por ciento de esa población no vive de los ingresos de los planes.

– Algunos medios hegemónicos publican sumas abultadas con la cantidad de dinero que una familia reúne cuando todos sus miembros reciben algún plan…

– Muchas familias suman los ingresos de los planes y los ingresos de los trabajos informales y así pueden sobrevivir. Esas sumas publicadas, que hablan de “una familia que no trabaja”, suelen incluir planes que no son compatibles entre sí, porque algunos son provinciales, otros nacionales.Son sumas que no son científicas. También suman a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que no es un plan social.Hay, además, grandes mitos desarrollados sobre la AUH, refutados con estadísticas y con estudios empíricos realizados, no con opiniones de opinólogos de los medios.

– ¿Cuáles son esos mitos sobre la AUH?

– La Asignación Universal por Hijo no es un plan social estrictamente. Es una ley que extiende las asignaciones familiares ordinarias que reciben hasta los 18 años los hijos e hijas de trabajadores formales, históricamente, desde la década del 40. Lo que sucedía es que  quedaba un 40 por ciento de hijos e hijas fuera del sistema, porque sus padres no tenían trabajo en blanco.  Lo que hace la Asignación Universal es extender ese derecho que históricamente tuvieron los hijos e hijas de trabajadores formales, a hijos e hijas de trabajadores en situación de desocupación, que no eligieron eso. La AUH es un paso muy importante en relación a los derechos y en América Latina es una política modelo. De todos modos, siempre discutimos las condicionalidades, que son selectivas,  porque a los hijos de  trabajadores y trabajadoras formales solo les exigen el certificado de nacimiento mientras los titulares de AUH deben presentar certificados de salud y educación.

– “Se embarazan para recibir la asignación” es una afirmación todavía común…

– Sí, dicha en medios de comunicación, incluso por referentes políticos. Los estudios que se han hecho, estudios empíricos, científicos, con casos, no opiniones, indican que 8 de cada 10 madres que cobran la Asignación Universal tienen dos hijos o menos. Hablamos del 79,9 por ciento, de que casi el 80 por ciento de las mujeres que reciben la AUH tienen hasta dos hijos. Solo el 20 por ciento tiene tres hijos o más.

– La AUH atentaría contra la “cultura del trabajo”…

– Este es un mito que se aplica para cualquier programa social. Cuando se hacen estadísticas y estudios específicos o cuando se realizan las mediciones de la Encuesta Permanente de Hogares, se comparan las búsquedas de trabajo en relación a quienes tienen o no la Asignación Universal por Hijo. Los resultados indican que los jefes o jefas de hogar que reciben la AUH buscan trabajo en mayor medida que quienes no la reciben. Otro mito es que nuestro país se llena de inmigrantes que cruzan las fronteras para cobrar la AUH. Hay que saber que para cobrar  esta asignación es necesario tener la nacionalidad argentina y que a las familias extranjeras se les exige tres años de residencia.De toda la partida para AUH, de todos los beneficiarios, solo el 1,3 por ciento son hijos e hijas de extranjeros.

– Legisladores del Frente de Todos han presentado proyectos de salario universal e inclusión previsional. ¿Los compromisos con el FMI pueden impedir que el Poder Ejecutivo implemente esas propuestas?

– Es posible, o más bien seguro, que el Fondo no apruebe esas políticas, pero tengo mis dudas  o mis esperanzas de que eso se traduzca en una limitación real. Como sociedad tenemos que seguir debatiendo, impulsando, salir a la calle si es necesario, es decir usar todas las herramientas de lucha, de confrontación para que eso no ocurra. Porque además, hay que aclarar siempre, que este gobierno se ha hecho cargo de la deuda externa más grande de la historia del país, no solo de la democracia, porque superó a la de la dictadura. Entonces como sociedad, desde el espacio que tengamos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados si algo como eso sucede.

– ¿Qué es específicamente un salario o ingreso universal?

– Con la pandemia empezaron a salir distintos términos: ingreso universal, ingreso ciudadano, salario universal, ingreso mínimo vital en España. No todo es lo mismo. El ingreso ciudadano, que es la línea en la que yo trabajo hace muchos años, conocido como renta básica en Europa, tiene como primera característica que es universal, es para todos y todas las ciudadanas que habitan en el país, desde que nacen o desde el embarazo hasta su muerte.

Se garantiza como derecho de ciudadanía, como la salud y la educación pública. Es una política de redistribución de ingresos que reemplaza todas las transferencias, incluida la AUH, porque se otorga individualmente a cada ciudadana y ciudadano. Esa universalidad evita estigmatización. La pregunta que surge aquí es si la reciben también los que tienen fortunas, dónde está la redistribución. La respuesta es que el financiamiento del ingreso ciudadano es un sistema tributario con impuestos de tipo progresivo. Entonces, quienes más ganan van a recibirlo porque no habría selección, pero van a aportar más. Ahí está la redistribución, porque se sostiene con impuestos a las grandes fortunas, a las explotaciones mineras, al sistema financiero, a las grandes herencias, entre otros de ese tipo. Otra característica del ingreso ciudadano es la incondicionalidad, no se puede pedir nada a cambio.

– El proyecto reciente del Frente de Todos habla de un salario para personas desocupadas, trabajadores/as de la economía informal o de bajos ingresos.

– El ingreso ciudadano es, para quienes lo sostenemos, un modelo ideal, el más justo e igualitario. Después hay decisiones que los países pueden tomar de acuerdo a su disponibilidad financiera o la viabilidad política. Tampoco es una idea nueva; está desde 1997 en las cámaras, en comisiones, pero nunca fue tratado. En cierta medida la AUH clausuró ese debate. Obviamente puede haber opciones, como continuar con la AUH e implementar este salario desde los 18 años en adelante; tomar solo población económicamente activa. Se puede adaptar; la característica es que tiene que ser universal, aunque sea en una franja etaria, que es otra modalidad. El recorte etario es lo menos arbitrario porque ahí no es el Estado el que decide quién se lo merece y quién no, según tal o cual nivel de ingreso. En todos los casos, otra característica importante es que es preventivo.

– ¿Qué significa que es preventivo?

– No espera que aparezca la pobreza para salir, o una pandemia. La pregunta que nos hacemos quienes estamos en este tema es qué hubiera pasado si la pandemia nos hubiera encontrado con un ingreso ciudadano garantizado. La realidad hubiera sido distinta. Lo sanitario obviamente hubiera sido lo difícil que fue, pero lo económico muy distinto porque los estados no hubieran tenido que salir desesperadamente a apagar incendios terribles en todos los países del mundo.

– ¿Hay experiencias en otros lugares del mundo?

– Ha habido estudios piloto en Finlandia y justamente ahora están haciendo uno en Cataluña. Hay experiencias parciales en la ciudad de México donde se aplica una pensión universal para los adultos mayores. Todos los mayores de cierta edad de esa ciudad reciben una pensión universal, tengan o no jubilación. Ahí está la universalidad dentro de un grupo etario incondicional. Otra experiencia es en Alaska, donde tienen el Fondo Permanente de Alaska, que se integra desde fines de los años 70 con parte de las regalías mineras. Cada ciudadano de Alaska recibe anualmente cheques con lo que le corresponde de esa distribución que se hace en partes iguales entre todos y todas las ciudadanas.

– ¿Cómo o dónde quedan los movimientos sociales ante la posibilidad de un salario universal?

– No todos los movimientos están de acuerdo con un ingreso ciudadano sin intermediación porque eso les quita la posibilidad de tener recursos dentro del movimiento para distintas actividades. Por eso algunos plantean un salario universal para los trabajadores de la economía popular, cuya distribución esté a cargo de los movimientos. Afirman que lo otro es individualizar la actividad colectiva, que un ingreso para todos y todas sin distinción es una propuesta individualista para que cada uno que se arregle en el mercado como pueda, desde una mirada liberal. Por el contrario, quienes defendemos la propuesta de un ingreso totalmente universal decimos que la idea es justamente que los movimientos sociales ya tengan una base de necesidades básicas satisfechas en las personas que los integran, para a partir de allí articular, promover proyectos productivos, sin tener la preocupación de salir a alimentar como pasó en la pandemia. Porque debemos reconocer que fueron los primeros que atendieron a la alimentación en la pandemia, hasta que se definió el IFE, porque el Estado tiene su tiempo para salir con la ayuda, y eso que en Argentina fue muy rápido. Entonces si tenemos un ingreso básico que es por lo menos alimentario, los movimientos, a partir de esa base, pueden generar proyectos productivos o emprendimientos que incluso cuenten con el respaldo estatal desde otros programas.

“Es una discusión hermosa” dice también Laura Garcés. Lo dice con pasión, con compromiso…con preocupación.